La historia de América Latina demuestra que el intervencionismo estadounidense no pertenece al pasado. Si bien los métodos han evolucionado desde las intervenciones militares y los golpes de Estado del siglo XX hacia mecanismos de presión diplomática, operaciones de inteligencia, campañas mediáticas, financiamiento de organizaciones políticas y disputas por el control de la narrativa pública, el objetivo estratégico permanece: preservar la influencia de Washington en una región que continúa siendo fundamental para sus intereses económicos, energéticos y de seguridad.
Los casos recientes de Chile, Perú y Colombia ilustran esa realidad. En Chile, tras el proceso constituyente y el reacomodo político posterior, la disputa por el modelo económico y los recursos estratégicos volvió a colocar al país en el centro del interés geopolítico, retornando a un modelo de gobierno elitista y autoritario. En Perú, la crisis desatada tras la destitución de Pedro Castillo evidenció el respaldo internacional a un nuevo equilibrio institucional favorable a los intereses de las élites tradicionales, mientras las demandas populares fueron reprimidas con un alto costo humano. En Colombia, el gobierno progresista de Gustavo Petro ha enfrentado una permanente confrontación política, judicial y mediática, en un país que anteriormente constituyó uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región y que ahora se disputa el volver volver a ese esquema de subordinación ante el país del norte o la continuidad de un proyecto político que responde a las mayorías oprimidas.
A este escenario se suman las recientes filtraciones conocidas como HondurasGate, difundidas por Canal Red, las cuales, según el medio, revelarían la existencia de redes de operadores políticos y mecanismos de influencia internacional sobre los procesos políticos centroamericanos. El caso ha reavivado una discusión de fondo: las formas contemporáneas mediante las cuales actores externos buscan incidir en la vida política de los países latinoamericanos.
México no permanece ajeno a esta dinámica. La reciente presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, sin autorización del Gobierno de México, abrió uno de los episodios diplomáticos más delicados de los últimos años. El operativo fue denunciado por el Gobierno de México como una actuación de agentes estadounidenses sin autorización de las autoridades federales, lo que el Ejecutivo calificó como una violación de la soberanía nacional y del marco jurídico que regula la actuación de agentes extranjeros en el país. Más allá del incidente específico, el episodio recordó que la cooperación bilateral en materia de seguridad no puede convertirse en un mecanismo para vulnerar la autodeterminación nacional.
En este contexto deben entenderse las recientes reformas impulsadas por el Estado mexicano para fortalecer las restricciones a la injerencia extranjera en los asuntos internos y, particularmente, en los procesos electorales. Lejos de representar un acto de aislamiento, estas disposiciones responden a una realidad internacional marcada por una competencia geopolítica cada vez más intensa entre Estados Unidos y China, donde América Latina vuelve a adquirir un valor estratégico por sus recursos naturales, su posición geográfica y su creciente peso económico.
Las elecciones mexicanas de 2027 se celebrarán precisamente bajo ese nuevo escenario internacional. No se trata de asumir que una intervención externa sea inevitable, sino de reconocer que existen antecedentes históricos suficientes para mantener una vigilancia democrática permanente frente a cualquier intento de influencia indebida. La defensa de la soberanía electoral no constituye una consigna ideológica, sino una condición indispensable para que sea exclusivamente el pueblo mexicano quien decida el rumbo de su nación.
Desde una perspectiva latinoamericanista, la autodeterminación de los pueblos no puede entenderse como una aspiración retórica. Es un principio democrático fundamental. Ninguna potencia extranjera, por poderosa que sea, tiene legitimidad para condicionar las decisiones políticas de otro país. Las venas abiertas de América Latina nos recuerdan desde la memoria histórica la necesidad de permanecer pendientes a los signos que se nos presentan.