Al menos durante 36 años, el país enfrentó la implementación y crisis de un modelo económico y social que tendió a la agudización de las desigualdades en prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Ese fue el resultado de la política neoliberal que fue hegemónica entre 1982 y 2018, cuando se ampliaron las diferencias entre mujeres y hombres; entre infancias, juventudes, adultos y adultos mayores; entre indígenas, afromexicanos y mestizos.
Michoacán no fue ajeno, incluso fue protagonista de los efectos negativos de la política de desigualdad, junto con otras entidades del Sur-Sureste. Entre los años 80 y 90, por ejemplo, uno de los mayores efectos para el estado fue el abandono del gobierno hacia el campo, que provocó un éxodo masivo de paisanas y paisanos hacia los Estados Unidos.
Entre las décadas de los 90 y los 2000, se agudizó el adelgazamiento del gobierno mediante la venta de industrias públicas; se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte mientras se promovió la agroexportación y se impulsó la industria de alta productividad orientada al mercado internacional, ambas totalmente desvinculadas a la economía estatal, sostenidas con el acceso a mano de obra abaratada y recursos naturales prácticamente regalados.
Entre las décadas del 2000 y 2010, prosperaron los pocos negocios de exportación y se sumó el capital minero trasnacional. En estas primeras dos décadas del milenio, además, la pobreza alcanzó niveles nunca vistos: en 2015, seis de cada diez personas del estado estaban en esa condición; los niveles de violencia se desataron y también se registraron las tasas de homicidio más altas de la historia reciente, acompañados por el ascenso de la presencia de grupos criminales y una respuesta gubernamental de confrontación directa mediada por la connivencia de funcionarios públicos con actores delincuenciales.
Desde finales de la década pasada y hasta la fecha, se ha impulsado la recuperación del estado mediante los gobiernos emanados del movimiento de la Cuarta Transformación, a través de un regreso del Estado en la conducción de los asuntos públicos en favor de las mayorías, rescatando las nociones del Estado de Bienestar y de la Industrialización por Sustitución de Importaciones, bajo el concepto de Prosperidad Compartida, que en el centro tiene el principio de “por el bien todos, primero los pobres”.
Sin embargo, Michoacán también requiere de una visión prospectiva para reconstruir este territorio, que por más de tres décadas fue producto de un saqueo constante y de una expoliación de toda su población Por eso, desde el lado de la gente, con el liderazgo de Fabiola Alanís, militante histórica de la Izquierda estatal y nacional, se construye el Plan Indicativo para el Desarrollo de Michoacán, con una visión de largo plazo y sustentado en los principios de este movimiento histórico de la Cuarta Transformación.
Este plan prospectivo, único en su tipo y que por sus siglas nombraremos como PIDEMICH, está compuesto por más de 100 acciones en los ámbitos Económico, Social, Político y Cultural. El punto de partida fue un diagnóstico profundo y localizado de la situación que se guarda en las distintas regiones y municipios del estado, del que derivaron propuestas de orden gubernamental, con la capacidad de ser dirigidas por el nivel estatal, pero con la necesaria intervención de los órdenes federal y municipal, así como de la irrenunciable participación de las y los michoacanos, tanto de quienes viven en el estado como de quienes migraron hacia Estados Unidos.
El PIDEMICH busca ser una hoja de ruta de largo plazo, con etapas bien definidas para revertir la desigualdad con base en el Bienestar y la Justicia. En las próximas contribuciones daremos cuenta del diagnóstico y de las principales acciones que integran este plan prospectivo que, confiamos, se convertirá en eje rector para el progreso de la entidad durante las décadas venideras.