En días recientes, la discusión pública sobre la reforma al Poder Judicial ha vuelto a poner en evidencia las tensiones entre quienes buscan consolidar un sistema verdaderamente democrático y aquellos que, desde trincheras conservadoras, se resisten a perder privilegios históricamente sostenidos por el elitismo y la opacidad.
Parece que a la extrema derecha se le olvidaron las clases de ética e historia, entonces, es necesario recordarles lo básico: democracia proviene del griego demos (pueblo) y kratos (gobierno), es decir, el gobierno del pueblo. Entonces, ¿por qué el Poder Judicial habría de mantenerse como una excepción a esta lógica democrática?
Ante los avances de este proceso, ciertos sectores caen en el absurdo de afirmar que la democracia ha muerto. Nada más lejos de la realidad: está más viva que nunca. Democratizar el Poder Judicial no significa debilitar la justicia, sino fortalecerla mediante el ejercicio soberano de la ciudadanía.
Claro está, no se trata de negar que hubo aspectos que deben revisarse para futuras elecciones: el diseño de las boletas, por ejemplo, generó confusión en algunos casos, y muchas personas —con toda razón— acudimos a nuestros apuntes antes de votar, priorizando la información sobre la memoria. Pero todo proceso es perfectible. Lo verdaderamente significativo es que, por primera vez, se logró abrir a la voluntad popular el único Poder del Estado que hasta ahora había permanecido blindado.
La historia lo confirma: desde la antigua Grecia, hace más de 2,400 años, la democracia se ha impuesto —y con razón— frente a la tiranía y el autoritarismo. Y aunque hoy enfrentamos resistencias similares, particularmente en lo que se refiere al abandono de canonjías ligadas al nepotismo, el impulso democrático ha demostrado ser más fuerte.
La oposición, en su desesperación, se aferra a hechos circunstanciales para deslegitimar el proceso. Pero los datos presentados por la Presidenta desmienten los discursos catastrofistas. La ciudadanía participó, se informó y decidió. Y esa decisión debe respetarse.
Cabe entonces preguntarse: ¿vale la pena desgastarse escuchando argumentos absurdos de quienes buscan recuperar, a toda costa, privilegios ilegítimos.
La respuesta parece obvia. Hoy el reto no es menor al elegir, a juezas, jueces, magistradas, magistrados y demás integrantes de un sistema jurisdiccional que responda verdaderamente al pueblo, se asume el compromiso de ser partícipes del cambio.
Durante demasiado tiempo, ese mandato constitucional fue desatendido, el acceso a la justicia se convirtió en un privilegio, no en un derecho, donde la corrupción arraigada en el Poder Judicial invalidó, de facto, el derecho a la denuncia. ¿La consecuencia? Impunidad. Y con ella, descontento, frustración y desconfianza social.
Reconstruir la credibilidad en las instituciones llevará tiempo, sin duda. Pero requiere, ante todo, un compromiso colectivo. Porque la transformación de fondo solo es posible si participamos activamente en ella.
Todas y todos tenemos el derecho humano —irrenunciable— de acceder a la justicia. Hoy, hemos dado un primer paso que abona en la construcción del órgano de administración de justicia que actúe con prontitud, equidad y transparencia, como lo ordena nuestra Constitución, como siempre debió ser.