Sin lugar a dudas, la actividad comercial predominante en el municipio de Coahuayana es la agricultura, la cual produce una derrama económica superior a los mil millones de pesos anuales. A esta cifra se suman unos 500 millones de pesos por concepto de remesas. Sin embargo, este flujo de capital contrasta con la realidad de unas 300 familias de jornaleros migrantes que sobreviven con sueldos de entre 2 mil y 4 mil pesos semanales. Aunque existen cargos como capataces que perciben hasta 9 mil pesos, la disparidad es evidente.
La riqueza del territorio, con cultivos de coco, papaya y plátano —este último ocupando 6 mil de las 7,680 hectáreas disponibles—, goza de microclimas privilegiados que generan más de 10 mil empleos directos. No obstante, la tenencia de la tierra se concentra en unas 50 familias, cerca de 400 pequeños propietarios y ejidatarios que resisten en el sector.
Este panorama económico se ve ensombrecido por el desplazamiento forzado. Numerosas familias de la sierra de Coahuayana y cercanías de Villa Victoria o Coalcomán, huyendo de la impunidad del crimen organizado, han llegado a la cabecera municipal para emplearse en servicios básicos o el campo, tras haber sido despojados de sus ranchos. Así, en medio de la abundancia, persiste un rezago educativo alarmante: el promedio de estudios es de 7.7 años, situando a la población apenas en el primer grado de secundaria.
La amenaza constante de grupos delictivos que buscan el control territorial para el cobro de piso y el trasiego de sustancias hacia el norte del continente ha vulnerado el tejido social. Este impacto se manifiesta incluso en problemas de salud pública vinculados al uso excesivo de dispositivos electrónicos en la niñez. Registros locales señalan traumatismos y deficiencias cerebrales en niños por el uso prolongado de celulares y videojuegos. No obstante, estudios recientes en la zona demuestran que la práctica del teatro, la danza y la música permite que la infancia disminuya su dependencia digital y recupere el hábito de la lectura.
El contraste es visual y crítico: en una misma calle cohabitan casitas de capote de palma junto a mansiones de lujo. Lo más frustrante radica en la injusticia laboral; mientras un jornalero trabaja jornadas de 12 horas, él y su familia suelen carecer de seguridad social o aguinaldo, bajo el pretexto de exenciones agrícolas. La infraestructura de salud es igualmente precaria: el IMSS e ISSSTE operan con un solo consultorio y doctor, respectivamente, manteniendo la misma infraestructura de hace 30 años.
La calidad de vida se ve limitada por una infraestructura cultural nula. Los espacios de la Casa de la Cultura Municipal han sido absorbidos por oficinas gubernamentales como ICATMI, INEA e INE, anulando la misión de las instituciones culturales y el disfrute del tiempo de ocio. Incluso la natación, práctica natural en la región, carece de una alberca pública adecuada.
Ante este diagnóstico, es imperativo recordar lo que sostiene la filósofa Martha Nussbaum: “Las artes cultivan la capacidad de juzgar críticamente y de imaginar con empatía las dificultades del otro”. Por ello, una de las prioridades para fortalecer la paz en Coahuayana radica en la creación de infraestructura regional para la práctica artística y deportiva. Solo mediante la inversión en cultura y capacitación se podrá impactar positivamente en las juventudes, transformando la riqueza de la tierra en bienestar social genuino.