La migración de michoacanas y michoacanos a Estados Unidos es un fenómeno histórico que ha marcado la vida social, económica y cultural de nuestro estado. No obstante, cuando este análisis se realiza desde la perspectiva de género, se evidencian vulnerabilidades particulares que enfrentan las mujeres migrantes y sus familias.
En los últimos meses, la política antiinmigrante del presidente Donald Trump ha endurecido el clima para la comunidad mexicana en Estados Unidos. Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se han multiplicado, generando un ambiente de hostigamiento y persecución. Sin embargo, las cifras más recientes muestran un comportamiento inesperado: no ha aumentado el número de deportaciones.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, retomados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, durante el primer semestre de 2025 fueron deportadas 70 mil 316 personas mexicanas, 31% menos que en el mismo periodo de 2024. En Michoacán la reducción fue todavía mayor: de 7 mil 694 deportaciones en 2024 pasamos a 4 mil 374 en este año, lo que representa una baja del 43%.
Un dato relevante es la disminución en la proporción de mujeres deportadas. Mientras que en 2024 el 22% de las personas michoacanas deportadas eran mujeres, en 2025 la cifra bajó a 11%. Esto revela que los operativos del ICE se han dirigido principalmente hacia los hombres.
Sin embargo, la disminución de deportaciones no implica un menor riesgo para las mujeres migrantes. Por el contrario, quienes son detenidas enfrentan mayores probabilidades de sufrir violencia de género, separación de sus hijas e hijos, y condiciones de retorno más crueles e inhumanas.
Otro fenómeno preocupante es la reducción en el envío de remesas. Por primera vez en una década, México registró una caída del 5.6% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, lo que significa 1 mil 767 millones de dólares menos. En Michoacán, la disminución fue del 3.3%, equivalente a 88.5 millones de dólares.
Aunque nuestro estado sigue ocupando el segundo lugar nacional en recepción de remesas, con más de 2 mil 595 millones de dólares en seis meses, la caída tiene un impacto diferenciado en las mujeres, pues son ellas quienes, en su mayoría, reciben esos recursos y quienes asumen la responsabilidad de los cuidados familiares en las comunidades de origen.
Ante este panorama, es urgente reforzar las políticas públicas de protección social, con énfasis en las mujeres migrantes y en aquellas que permanecen en Michoacán sosteniendo a sus familias. Se requiere apoyo económico, pero también acompañamiento jurídico, psicológico y de salud para quienes enfrentan violencia de género durante el proceso migratorio o al regresar.
Desde el Congreso del Estado, estamos comprometidas y comprometidos en dar seguimiento a esta agenda. Las mujeres migrantes y sus familias no pueden quedar solas frente a las consecuencias de políticas excluyentes que ponen en riesgo sus derechos humanos y su bienestar.
La migración es una realidad que nos define como michoacanos, pero es nuestra responsabilidad garantizar que sus efectos no profundicen la desigualdad ni la marginación, especialmente para las mujeres.