La regulación busca fortalecer los mecanismos para que radioescuchas y televidentes puedan exigir contenidos responsables, plurales y transparentes, sin establecer un órgano estatal encargado de decidir qué pueden transmitir los medios.
En México, hablar de una “Ley de Audiencias” se refiere principalmente al conjunto de disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y a los lineamientos que desarrollan los derechos de quienes reciben contenidos de radio y televisión. Actualmente, el tema vuelve al centro del debate nacional debido a la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que estará disponible hasta el 21 de agosto de 2026.
El punto de partida es sencillo: las audiencias también tienen derechos. Durante décadas, el debate sobre los medios de comunicación se concentró principalmente en la libertad de los concesionarios y periodistas. La perspectiva de los derechos de las audiencias incorpora a quienes reciben esos contenidos como sujetos con capacidad para exigir información responsable, plural y diferenciada entre hechos, opiniones y publicidad.
La legislación reconoce, entre otros principios, el derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de México. También contempla derechos específicos para niñas, niños y adolescentes y para personas con discapacidad.
Uno de los mecanismos centrales es la defensoría de las audiencias. Los medios deben contar con mecanismos para recibir y atender las inconformidades de sus públicos, además de establecer códigos de ética. En 2024, el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó lineamientos que hicieron obligatoria la existencia de códigos de ética y defensorías de audiencias como parte de los mecanismos de protección previstos por la ley.
La actualización del marco regulatorio impulsada en 2026 busca hacer operativos estos derechos. La CRT plantea mecanismos para que las personas televidentes y radioescuchas puedan ejercerlos directamente ante los medios y participar en el proceso mediante la consulta pública actualmente abierta.
Más derechos para quienes escuchan y ven
Desde una perspectiva ciudadana, el debate tiene una importancia que va más allá de la confrontación política entre medios y gobierno. La información es un componente fundamental de la vida democrática. Cuando una sociedad recibe contenidos manipulados, publicidad disfrazada de información o discursos que no distinguen entre hechos y opiniones, se limita la posibilidad de formar un criterio propio.
Por ello, exigir responsabilidad a quienes utilizan concesiones para transmitir contenidos no debería entenderse automáticamente como un ataque a la libertad de expresión. El espectro radioeléctrico es un bien de la nación y su aprovechamiento implica responsabilidades frente a la sociedad.
La propuesta tampoco plantea que el gobierno determine qué opinión es correcta. De acuerdo con las autoridades, el modelo parte de la autorregulación de los propios medios, mediante códigos de ética y defensorías de las audiencias. Las sanciones previstas se relacionan con el incumplimiento de obligaciones establecidas en la legislación, no con que un funcionario decida qué contenido periodístico coincide con la posición del gobierno.
Esto resulta particularmente relevante en una democracia donde durante años grandes corporaciones mediáticas concentraron una enorme capacidad para definir la agenda pública sin mecanismos equivalentes de rendición de cuentas ante sus audiencias.
La Cuarta Transformación ha colocado en el centro de la discusión pública la necesidad de democratizar el acceso a la información y reducir los privilegios de grupos que históricamente tuvieron una influencia desproporcionada sobre la vida política nacional. En ese sentido, fortalecer los derechos de las audiencias representa avanzar hacia una relación más equilibrada entre medios, autoridades y ciudadanía.
La discusión, sin embargo, debe mantenerse abierta. Proteger a las audiencias y garantizar la libertad de expresión no son objetivos contradictorios: ambos son indispensables para una democracia. La clave estará en que las reglas se apliquen con criterios transparentes, generales y verificables, sin convertir la regulación en una herramienta de censura.
Más que preguntarse únicamente si los medios deben tener límites, el debate de fondo es otro: ¿qué derechos tiene la ciudadanía frente al poder mediático? La respuesta pasa por reconocer que escuchar, mirar y recibir información también son derechos que deben estar acompañados de garantías, pluralidad y mecanismos efectivos para exigir responsabilidades.