En el mundo, más de 120 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares, según ACNUR. En América Latina, millones huyen de la violencia, persecución y pobreza. Sin embargo, las políticas migratorias de varios países, especialmente EE.UU., han agravado la vulnerabilidad de las personas migrantes.
En EE.UU. residen 13 millones de personas indocumentadas, incluidos 6 millones de mexicanos. Las políticas de Trump han permitido abusos de agencias como la Patrulla Fronteriza y el ICE, incluyendo violencia, separación familiar y deportaciones. La suspensión del TPS y las deportaciones masivas han dejado a miles de familias en incertidumbre, mientras las redadas generan miedo en las comunidades migrantes.
Las redadas del ICE han encontrado límites en comunidades organizadas contra la detención de migrantes. Sin embargo, las capturas y denuncias por abuso policial, racismo y perfilamiento continúan. Datos del ICE revelados por el Instituto Cato indican que EE.UU. “está deteniendo principalmente a personas sin antecedentes penales”, pese a que Trump justificó su campaña con el argumento de capturar “criminales”.
La relación entre México y EE.UU. atraviesa un periodo de tensión, marcado por presiones de Washington sobre seguridad, acusaciones contra funcionarios mexicanos y exigencias en migración y combate al narcotráfico, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum defiende la soberanía y el diálogo. En la frontera norte ha aumentado la presencia de mexicanos deportados en albergues.
Ante las detenciones violatorias de derechos humanos, el Gobierno de México presentó 20 denuncias ante fiscalías de EE.UU. por la muerte de 17 connacionales desde mayo durante operativos o bajo custodia del ICE. Las denuncias fueron interpuestas el 13 de julio por el embajador Roberto Lazzeri. Además, la Embajada remitió al Departamento de Justicia la denuncia de la FGR para solicitar investigaciones sobre los casos.
Lazzeri se reunió con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE para expresar la preocupación de México por las condiciones de los centros de detención y solicitar el esclarecimiento de los fallecimientos. También envió una carta al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para pedir información y recomendaciones.
Las acciones ocurrieron después de que EE.UU. devolviera a México cartas de preocupación por los operativos y el trato a sus connacionales bajo custodia del ICE. El Departamento de Estado recomendó utilizar los canales diplomáticos. La tensión aumentó tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, ocurrida el 7 de julio en Houston, Texas, durante un operativo migratorio.
Ante la poca eficacia de las vías diplomáticas, México llevó su protesta a foros internacionales de derechos humanos y anunció que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como paso previo a una eventual controversia ante la Corte Interamericana, aunque EE.UU. no reconoce su competencia. La Cancillería confía en que la vía jurídica permita destrabar lo que los canales diplomáticos no han resuelto.
Los principales puntos de tensión bilateral son la presión de Washington para realizar acciones contra los cárteles, los señalamientos contra políticos y gobernadores mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado, acompañados de filtros financieros y bloqueos de cuentas sin presentar las pruebas solicitadas por México, y la política antimigratoria y los despliegues militares en la frontera.
El gobierno mexicano mantiene una estrategia de “cabeza fría”, priorizando la cooperación y el entendimiento diplomático, pero estableciendo líneas rojas en defensa de su autonomía e independencia. Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos de la región abstenerse de aplicar políticas que socaven los derechos y la dignidad de los migrantes. La crisis migratoria no es solo un problema de números, sino de derechos humanos; su protección debe ser una prioridad global.