Cada 15 de septiembre, México conmemora su independencia. En el contexto actual, la soberanía nacional también se relaciona con la capacidad del Estado para tomar decisiones propias, proteger a su población y establecer relaciones con otros países bajo el marco de la Constitución.
Desde el inicio de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado la soberanía como un principio central de la política exterior y de la relación con Estados Unidos. Ante las diferencias comerciales, migratorias y de seguridad, su administración ha planteado cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.
En materia económica, uno de los principales retos ha sido la política arancelaria del gobierno estadounidense y la revisión de las condiciones comerciales de América del Norte. México ha buscado preservar las ventajas del T-MEC y mantener condiciones favorables para la producción, el empleo y las exportaciones. La Presidenta ha sostenido que las negociaciones deben considerar los intereses de México, su Constitución y su soberanía.
El sector energético constituye otro de los ámbitos vinculados con esta política. El gobierno federal ha planteado fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas, además de incrementar la capacidad de generación eléctrica y la participación de energías renovables. De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, la meta para el final del sexenio es incorporar 32 mil megawatts al Sistema Interconectado Nacional y aumentar la participación de las energías renovables del 24 al 38 por ciento.
En seguridad, México y Estados Unidos mantienen mecanismos de cooperación, particularmente frente al tráfico de drogas. El gobierno mexicano ha insistido en que esta responsabilidad también incluye el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos hacia México. Bajo esta posición, la cooperación bilateral debe desarrollarse dentro del marco jurídico mexicano y sin permitir operaciones unilaterales o la actuación de agentes extranjeros fuera de ese marco.
La migración representa otro frente de la relación bilateral. Ante las políticas migratorias estadounidenses, el gobierno mexicano ha reforzado la atención consular y la protección de los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos. La estrategia México te abraza contempla acciones de apoyo para quienes permanecen en ese país y para quienes regresan a México.
Estos temas forman parte de una misma posición diplomática: mantener la cooperación con Estados Unidos sin renunciar a las decisiones que corresponden al Estado mexicano. El concepto de “cooperación sin subordinación” ha sido utilizado por el gobierno de Sheinbaum para definir esta relación.
La soberanía también tendrá una dimensión electoral en 2027. En junio de 2026 se publicó una reforma al artículo 41 constitucional que establece como causal de nulidad de una elección que se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en sus resultados. Esta disposición se suma a las normas constitucionales que prohíben la intervención extranjera cuando afecte la independencia y soberanía de México, incluida la injerencia en los procesos electorales.
La aplicación de esta nueva causal requerirá el desarrollo de las leyes secundarias y de los criterios que deberán utilizar las autoridades electorales para determinar cuándo existe una intervención extranjera con efectos sobre una elección.
De esta manera, la soberanía se expresa actualmente en distintos ámbitos: la negociación comercial, la política energética, la cooperación en seguridad, la protección de los mexicanos en el exterior y las reglas para proteger los procesos electorales. En todos estos casos, el gobierno federal ha planteado mantener la relación con Estados Unidos mediante el diálogo y la cooperación, pero dentro de los límites establecidos por la legislación mexicana.
De cara a las elecciones de 2027, la reforma constitucional incorpora un mecanismo adicional para atender posibles actos de injerencia extranjera. Su aplicación corresponderá a las instituciones electorales y deberá sujetarse a los procedimientos establecidos por la legislación. Así, la discusión sobre la soberanía nacional también se vincula con la protección de la capacidad de las instituciones y de la ciudadanía mexicana para participar en sus procesos democráticos.