La noche del 4 de diciembre del presente año, el Senado de la República emitió la declaración de constitucionalidad de la reforma que elimina siete órganos autónomos, después de ser avalada la enmienda en los congresos locales de diecinueve estados: Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per-sonales (INAI), son los organismos autónomos que extingue la reforma constitucional. En su ruta legislativa, la reforma levantó voces a favor y en contra, las cuales reflejan dos proyectos de nación contrapuestos y que persiguen intereses diferentes. Por un lado, los defensores y promotores de la enmienda, las bancadas de la 4T (morena, PT y PVEM) en la Cámara de Diputados y el Senado, y en la oposición las bancadas del PAN, MC y PRI. Los primeros señalaron en un intenso debate público la serie de vicios y perjuicios que caracterizaron a estos órganos autónomos: el despilfarro, la opacidad, la duplicidad de funciones y el servir a intereses ajenos al pueblo. Por su parte, los legisladores opositores argumentaban que el gobierno quiere concentrar poderes para actuar con total impunidad, sin rendición de cuentas. La creación de órganos autónomos fue justificada por la inoperancia de algunas instituciones del Estado mexicano incapaces de atender demandas del pueblo que no tenían cabida en las políticas neolibe-rales. Con la llegada de la 4T en el 2018, el gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador em-prendió la recomposición de las instituciones, po-niéndolas al servicio del pueblo, devolviéndoles su misión de servicio público.
La continuidad de esos órganos autónomos no tiene sentido en un proyecto de nación que avanza hacia la madurez institucional, con un gobierno humanista, democrático, austero y con una visión clara de combate a la corrupción. El adelgazamiento de la estructura gubernamental hará posible un incremento al gasto social para continuar avanzando hacia la consolidación de un Estado de bienestar y justicia social.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo han actuado bajo la lógica de servir directamente al pueblo y destinar recursos a programas sociales. A la luz de este objetivo, los órganos autónomos carecen de sentido en un proyecto donde se vela por el bienes-tar del pueblo de México sin intermediarios y con un compromiso decidido de llevar y llegar directamente con las políticas públicas a todo los sectores de la sociedad.
La reforma constitucional de extinción de los órganos autónomos, en términos llanos, significa dejar de destinar presupuesto a entes donde proliferaban la corrupción, la discreción, la opacidad, la inope-rancia y el despilfarro de recursos que se pueden destinar a otras áreas y sectores.