El proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum da continuidad a la “Cuarta Transformación” iniciada en el sexenio pasado, un proyecto que implica un cambio estructural de la nación mexicana. En el pasado las transformaciones se lograron a través de movimientos armados, en esta ocasión se buscó que fuera un cambio pacífico impulsado por un movimiento social, pero eso no significa que los cambios no vayan a ser profundos.
Uno de los grandes pendientes o adeudos de la nación mexicana es el rezago económico, social y cultural de los pueblos originarios. Al llegar los invasores a lo que ahora es el territorio mexicano insertaron a los pueblos originarios en una estructura colonial organizándolos para la explotación de las personas y de sus tierras. Los invasores justificaron sus acciones genocidas y etnocidas a partir de teorías científicas que determinaron que los pueblos originarios estaban en etapas de desarrollo anteriores al desarrollo alcanzado en la cultura occidental. Bajo esta perspectiva, se inició un proceso de aculturación; es decir, la imposición de la cultura occidental sobre otras.
En términos sencillos, los invasores determinaron que la comida, el vestido, el conocimiento, las construcciones, las fiestas, la religión y de manera general la forma de vida de los pueblos originarios, al estar atrasada, debía desear ser como la de ellos.
De esa manera se impusieron parámetros ajenos como ideales de los pueblos originarios, los cuales implicaron renegar de lo propio. Esa empresa colonial atravesó el tránsito a un México independiente en 1810 (la “primera transformación”) pues, aunque el pasado glorioso de las culturas originarias se utilizó como fundamento de la nueva nación, el “indio” vivo siguió siendo visto como un lastre para el desarrollo que el modelo occidental imponía.
Durante La Reforma (“segunda transformación”), en 1856 se decretó la “Ley Lerdo” o “Ley de Desamortización de Manos Muertas”. Como es sabido, las reformas constitucionales en dicho proceso estaban destinadas principalmente a separar a la Iglesia del Gobierno y con esa ley se buscaba también enajenar los bienes acaparados por el clero para reanimar la economía y hacerla más moderna. Aplicado a los pueblos originarios, con dicha ley se pretendía privatizar la propiedad comunitaria para hacerla explotable. Es importante mencionar que no era la primera vez que se decretaba una ley con esa intención, pero como en las ocasiones anteriores resultó inviable en la práctica.
La Revolución Mexicana (“tercera transformación”) se originó por un gobierno dictatorial completamente aculturado, empeñado en convertir a una nación pluricultural y mayormente rural en una nación capitalista y moderna, por lo cual favorecía a los empresarios extranjeros y a una minoría acaudalada, entre otras cosas, entregando los recursos naturales para su explotación. Esta política económica llevo a la concentración de la riqueza y de la tierra en pocas manos generando el descontento en la mayoría empobrecida, entre ellos los pueblos originarios.
En la actualidad se reconoce que ha sido un error intentar subsumir todo al capitalismo y al desarrollismo occidental, no solamente porque es etnocida en sí mismo sino porque no es realizable.
La concentración de la riqueza de los países del Norte global solamente ha sido posible por la explotación de los países del Sur, es decir, no se debe al buen trabajo y desempeño económico sino al robo sistemático de los países del Sur. Por otro lado, el despilfarro material que ostentan los países del Norte es ecocida, ya que el consumo humano actual rebasa la capacidad de la Tierra de regenerarse y es, por lo tanto, materialmente imposible que todos los países tuvieran el mismo consumo que los países del Norte.
En la “cuarta transformación” la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas u originarios asume a México como un país multiétnico, reconociendo a estos pueblos como una realidad, riqueza y fortaleza de la nación.
También se ha reconocido a los pueblos originarios como “sujetos de derecho público”, esto significa que se reconoce la capacidad plena para ejercer los derechos, en una relación de igualdad, respeto y diálogo con la sociedad y el gobierno.
La presidenta Claudia Sheimbaum se ha mostrado abierta y empática con los hermanos originarios, sapiente de su devenir histórico y de la potencia que representan para el futuro del país.
De la misma manera, recibió el bastón de mando como símbolo de la conflanza que los pueblos originarios tienen en ella y en el proyecto de nación. A 100 días del inicio de su mandato, las acciones tomadas han dado un salto cuántico tanto en la relación que se tiene con el Estado mexicano como en la realidad jurídica de los pueblos originarios y que seguramente conduce a un mejor futuro de estas comunidades.