En el marco de la transición democrática que vive México, los gobiernos de la 4T incluyen como un principio clave de sus relaciones con movimientos sociales, y con la sociedad en general, el trato respetuoso y digno haya o no coincidencias políticas o de cualquier tipo. La represión como mecanismo de control e intimidación contra personas y grupos disidentes -política practicada durante décadas- está fuera de lugar en los gobiernos emanados genuinamente del pueblo.
A unos meses de iniciado el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el magisterio pretende que sus demandas sean atendidas y para ello recurre a formas de manifestación que rebasan los límites del respeto que las partes merecen. Además de los insultos y acusaciones ofensivas contra el Gobierno de México y su titular, tres hechos muy graves han marcado la pauta de la movilización magisterial: primero, el bloqueo del Palacio Nacional que buscaba cancelar las Mañaneras del Pueblo, impidiendo la entrada y salida de personas, estando en el interior la propia Presidenta; segundo, el acuerdo número 1 de la CNTE del 24 de mayo de bloquear las elecciones del Poder Judicial el 1 de junio; y tercero, la amenaza de perseguir a la Presidenta en sus giras para interpelarla por la solución de su pliego petitorio.
Los tres hechos tienen un significado de atentado contra los intereses del pueblo de México porque al bloquearse las mañaneras se deja el campo libre a la desinformación de los medios de la derecha que acaparan la información nacional; al plantear el bloqueo de las elecciones se intentaba impedir la renovación del Poder Judicial en las urnas, hecho histórico en México y en el mundo que permite la limpia de la corrupción con el que funcionó ese Poder contra el pueblo y contra el propio magisterio; y la amenaza de persecución de la Presidenta en el país lleva implícito el riesgo de enfrentamiento con las miles de personas que participan en los eventos presidenciales en los que se atiende a la población y se anuncian las acciones de gobierno.
En tal sentido, la reciente jornada de protesta del magisterio, caracterizada por actos de obstrucción, insultos y amenazas, contrasta de manera preocupante con los principios de respeto y dignidad que deben regir toda acción social. Estas acciones no pueden ser vistas como meros actos de protesta, sino como decisiones que implican consecuencias políticas y sociales. La confrontación directa con el gobierno democráticamente electo debilita no solo la legitimidad de las demandas magisteriales, sino que erosiona la confianza de la sociedad en el gremio docente. Si bien es legítimo que los maestros soliciten mejores condiciones, los métodos deben estar en consonancia con los principios democráticos que tanto proclaman defender.
En este contexto, es necesario reconocer la importancia histórica y política del magisterio como agente de cambio, pero también enfatizar que su acción debe estar guiada por una conciencia profunda de su rol ético y social. Ser docente implica mucho más que instruir contenidos curriculares: conlleva la responsabilidad de formar ciudadanía, de cultivar el pensamiento crítico y de contribuir activamente al fortalecimiento del tejido social. En esa medida, cualquier manifestación o movimiento impulsado desde el gremio magisterial debe tener como horizonte el bienestar colectivo y no convertirse en un obstáculo para el avance democrático del país.
La educación es, por naturaleza, un acto político, pero también un acto profundamente ético. El docente debe ser, ante todo, un constructor de paz, un mediador de conflictos y un actor estratégico en la consolidación de una sociedad más justa. No puede asumir un rol de permanente confrontación que lo aleje de la ciudadanía y lo coloque en una lógica de choque que, paradójicamente, reproduce las dinámicas de poder que históricamente ha combatido.
Resulta fundamental recordar que el magisterio goza de un profundo reconocimiento social en México. Las maestras y maestros son depositarios de una enorme confianza por parte de las comunidades. Esa confianza no puede ser traicionada por acciones que dividen, enfrentan o bloquean el desarrollo democrático. La crítica es necesaria, incluso imprescindible, pero debe ejercerse desde una postura respetuosa, ética, racional y constructiva.
Si el fondo del problema es la eliminación de la reforma del ISSSTE de 2007 y si el Gobierno de México coincide que es lesiva y debe eliminarse, procede buscar los acuerdos para lograrlo. Si la solución no es instantánea, pero sí efectiva y progresiva, no es pertinente poner contra la pared al gobierno usando los métodos ya señalados. De no buscar las y los maestros formas de respeto que no los confronten con gobierno y por ello, directamente con el pueblo, se avizora un período de desgaste y conflicto que no beneficia el avance democrático del país, aunque la derecha lo festeje y lo atice.
No se trata de silenciar las demandas legítimas ni de invalidar la lucha histórica del magisterio. Se trata, más bien, de redefinir los métodos y las estrategias para que estas demandas encuentren eco en la sociedad y no se vean deslegitimadas por acciones radicales que solo generan polarización. La educación no puede ser rehén de los intereses políticos coyunturales ni puede convertirse en un campo de batalla donde se sacrifiquen los derechos de los estudiantes y las expectativas de las familias mexicanas.
El camino hacia la transformación del sistema educativo pasa necesariamente por la participación activa del magisterio, pero también por su compromiso con una ética pública que lo sitúe como motor de desarrollo y no como freno. El país necesita docentes comprometidos, críticos, sí, pero también constructivos, capaces de dialogar, de proponer, de sumar.
Finalmente, es importante señalar que la educación es un bien público y, como tal, su defensa exige grandeza de miras, responsabilidad social y compromiso ético. El magisterio tiene en sus manos la posibilidad de ser protagonista de un nuevo pacto social en el que los derechos laborales y la calidad educativa no se contrapongan, sino que se complementen. Para ello, se requiere liderazgo, visión y disposición al diálogo. No se trata de estar en contra del gobierno ni de los maestros, se trata de estar a favor de México, de su desarrollo, de su gente y de su futuro. La verdadera causa debe ser la educación como herramienta de transformación. Cuando maestros y gobierno se escuchan, el país avanza; cuando se enfrentan se genera tensión, y quien pierde es la educación.