En un contexto nacional marcado por la profundización de los cambios estructurales en la vida pública del país, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís, expresó su respaldo firme a la iniciativa de reforma promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a erradicar privilegios en las instituciones y fortalecer la participación democrática del pueblo en las decisiones públicas.
La legisladora destacó que tanto México como Michoacán atraviesan una etapa histórica en la que la ciudadanía ha elevado su nivel de conciencia política, exigiendo transformaciones de fondo en la forma en que se ejerce el poder y se administran los recursos públicos. En ese sentido, subrayó que existe un reclamo social legítimo para que el presupuesto deje de destinarse a sostener estructuras burocráticas costosas y privilegios de las élites, y se enfoque en atender las necesidades reales de la población.
“Hoy el pueblo es más consciente, más participativo y más exigente. La gente quiere que el dinero público se utilice para resolver sus problemas, no para mantener excesos en el gobierno”, afirmó Alanís, al remarcar que esta exigencia responde a décadas de desigualdad y exclusión.
La diputada vinculó este proceso con una larga tradición histórica de lucha por la justicia social en México, evocando los principios de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, quienes sentaron las bases de un ejercicio del poder sustentado en la austeridad republicana y el compromiso con el bienestar colectivo.
“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, enfatizó, señalando que este principio sigue siendo una guía vigente en la construcción de un nuevo modelo institucional que priorice a las mayorías.
Como integrante fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional, Alanís reafirmó su compromiso con los postulados de la Cuarta Transformación, destacando que este proyecto ha sido impulsado desde sus inicios por la organización del pueblo y su participación activa en la vida pública.
Asimismo, explicó que la propuesta de reforma no se limita a la eliminación de privilegios, sino que también busca ampliar los mecanismos de participación ciudadana, permitiendo que la población incida de manera directa en la toma de decisiones, en la definición de políticas públicas y en el destino del presupuesto.
Finalmente, la legisladora subrayó que el objetivo central de esta iniciativa es consolidar un modelo de gobierno austero, eficiente y cercano a la gente, en el que cada recurso público tenga un impacto tangible en la mejora de las condiciones de vida de la población.
“Se trata de que cada peso del presupuesto se traduzca en bienestar para el pueblo. Seguimos del lado de la gente y del lado de nuestra Presidenta, porque este es un proyecto colectivo: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, concluyó.