Como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, destacan el Objetivo 2: Hambre Cero, que busca erradicar el hambre y garantizar el acceso a una alimentación nutritiva, y el Objetivo 13: Acción por el Clima, que advierte sobre la urgencia de hacer frente al cambio climático. Ambos están profundamente interconectados, ya que los sistemas alimentarios generan emisiones de gases de efecto invernadero y los eventos climáticos extremos afectan directamente a la producción de alimentos.
En este contexto, en 2024 entró en vigor en México la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS). Esta ley no solo reconoce el derecho a una alimentación suficiente, sino también a alimentos nutritivos, de calidad, culturalmente pertinentes y sostenibles, y establece las bases para políticas públicas más equitativas. Su enfoque es integral, ya que abarca desde la producción hasta la distribución y promueve prácticas agrícolas sostenibles, la protección de la biodiversidad y la reducción del desperdicio, así como el fortalecimiento de la soberanía alimentaria mediante la producción local y la revalorización de alimentos tradicionales.
México enfrenta una paradoja estructural: es una potencia agroalimentaria que exporta al mundo, pero millones de personas no tienen acceso constante a alimentos nutritivos. Por ello, el pasado 17 de marzo se celebró en el Senado de la República el foro «De la ley al impacto: activando el derecho a la alimentación adecuada y sostenible», en el que actores del sector público y privado, la academia y la sociedad civil debatieron sobre la manera de aplicar esta ley y elaborar su reglamento.
El desafío es urgente: México experimenta un aumento de temperatura por encima del promedio mundial en varias regiones (1,9 °C promedio), lo que intensifica las presiones sobre el sistema alimentario. Al mismo tiempo, cada año se desperdician alrededor de 20 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale a cerca del 34 % de la producción nacional. Recuperar este valor inyectaría hasta un 2,5 % adicional al PIB. Además, este desperdicio contribuye entre un 8 % y un 10 % a las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Aproximadamente, el 48 % del desperdicio de alimentos se produce en las primeras etapas del sistema alimentario, particularmente en el campo, donde los pequeños productores —que constituyen la mayoría de las unidades agrícolas— se enfrentan a limitaciones como la falta de tecnología e infraestructura. A esto se suma que, en etapas posteriores, se descartan muchos alimentos por criterios estéticos (tamaño, madurez, manchas del alimento), a pesar de ser perfectamente comestibles.
Ante este panorama, se pretende transformar el sistema alimentario a lo largo de sus etapas: fomentar la donación de alimentos, reducir el desperdicio y aclarar aspectos clave, como la diferencia entre «fecha de consumo preferente» y «fecha de caducidad». No obstante, la implementación del reglamento de la LGAAS dependerá de que este sea ágil, de que la burocracia no lo frene y de que permita identificar los principales «puntos de fuga» en la cadena de suministro.
En la actualidad, México apenas recupera el 1 % de los alimentos que se desperdician. Convertir esa pérdida en una oportunidad no solo es una cuestión técnica, sino también política y ética. El verdadero reto no consiste en producir más alimentos, sino en garantizar que estos lleguen a quienes los necesitan. En un país de abundancia, el hambre no debería ser una posibilidad, sino una falla que estamos obligados a corregir.