En el marco de la conmemoración del 1° de mayo, Día del Trabajo, vale la pena analizar las condiciones laborales en Michoacán, que son el resultado de una combinación de factores donde destaca una estructura productiva poco diversificada, que no es capaz de absorber el capital humano disponible y más bien lo expulsa hacia otros lugares del país e incluso al extranjero.
Una perspectiva histórica
En perspectiva histórica, durante las décadas de los 90’s, las políticas neoliberales de apertura económica no se tradujeron en mejoras sustantivas para los trabajadores. La política federal mantuvo una visión de que el país ganaría competitividad en el mercado internacional con un esquema de bajos salarios reales y flexibilización del mercado laboral.
Por otro lado, del total de inversiones de empresas multinacionales realizadas en la República, muy pocas llegaron a Michoacán. Configurando así un estado con poca industria, una alta participación en actividades primarias y comerciales, un sector informal muy extendido y una fuerte dependencia de las remesas.
La situación actual
De acuerdo con el INEGI, actualmente la población ocupada en la entidad ronda los 2.2 millones de personas, con una tasa de informalidad superior al 60%. Por otro lado, las cifras del IMSS indican que en los últimos años se han generado entre 20 mil y 30 mil empleos nuevos formales cada año. Eso se puede ver como un logro y ciertamente lo es; pero es insuficiente para poder absorber la mano de obra disponible, la cual se incrementa aún más año con año.
Michoacán no tiene un problema de formación de capital humano, todo lo contrario. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto Tecnológico de Morelia, entre muchas otras instituciones, son ejemplo por su capacidad científica y tecnológica. Sin embargo, una parte significativa de sus egresados se ve obligada a migrar ante la falta de oportunidades locales. Este desequilibrio no es coyuntural y no se queda en meras cifras, es un problema estructural: la expulsión de migrantes tiene consecuencias no sólo económicas, sino demográficas, sociales y culturales.
Un cambio de rumbo a nivel federal y con impacto estatal
Con la llegada de AMLO a la Presidencia de la República, también llegó un nuevo equipo que ha dado un nuevo rumbo a la política económica nacional, de forma particular en lo que tiene que ver con la política salarial. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) ha determinado incrementar de forma notable y sostenida el salario mínimo, lo cual ha permitido recuperar el poder adquisitivo que habían perdido los trabajadores durante décadas.
Esta política ha continuado bajo la administración de Claudia Sheinbaum, consolidando una tendencia que busca dignificar el ingreso de los trabajadores. De igual modo, la lucha laboral y sindical ha rendido frutos importantes, como la reciente reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, un hito que marca un cambio significativo en la historia laboral del país.
Adicionalmente, la visión de desarrollo regional de la actual administración federal tiene como eje los Polos de Desarrollo para el Bienestar, uno de los cuales ya se está empezando a construir en el municipio de Zinapécuaro, ubicado estratégicamente de forma cercana a la autopista CDMX-Guadalajara.
Esto significa un esfuerzo significativo por reorientar el modelo de desarrollo hacia uno más incluyente, donde el empleo formal y mejor remunerado tenga un papel central. Refleja una estrategia que busca no solo generar empleos, sino también elevar su calidad.
Será muy difícil revertir décadas de rezago en poco tiempo, pero el momento actual abre una ventana de posibilidad. Se requiere una planeación de largo plazo y una continuidad en las políticas adoptadas para que se consolide un ecosistema productivo capaz de sostener empleos dignos y bien remunerados.
¡Con la 4ª Transformación y la Dra. Fabiola Alanís hay esa claridad de rumbo y firmeza para ver la mejor estrategia para hacerlo realidad!