Nuestro país atraviesa un período especialmente difícil en sus relaciones con Estados Unidos. La prepotencia y las amenazas de intervención por parte de ese país no tienen precedentes en lo que va del siglo. Históricamente, el vecino del norte no ha necesitado demasiados argumentos para intervenir o despojar a otros países en distintas regiones del mundo.
Ahora, bajo el argumento de perseguir a los grupos del crimen organizado, se multiplican las amenazas de intervención. Sin embargo, el Gobierno de México, con nuestra presidenta al frente, ha mantenido una posición serena, firme y clara en defensa de la soberanía nacional, sin caer en provocaciones externas ni en las presiones de sectores de la derecha que buscan justificar una injerencia violenta contra nuestra nación.
En la actual lucha por la defensa de la soberanía nacional, la población migrante ocupa un papel fundamental debido a su importante presencia tanto en territorio estadounidense como en México. Al defender la soberanía nacional, las y los migrantes también defienden su derecho a vivir y trabajar en paz junto a sus familias en ambos países. En el caso de Michoacán, resulta evidente nuestro carácter binacional: más de cuatro millones de personas viven en el estado y más de dos millones de michoacanos residen y trabajan en Estados Unidos.
En este contexto, destaca la defensa de los derechos humanos, particularmente el derecho a la información. Por ello, la lucha por la verdad y contra la manipulación mediática en ambos países exige conocer y debatir los hechos con responsabilidad.
Estados Unidos intenta minimizar una realidad evidente: la producción, el tráfico, el consumo de drogas y el lavado de dinero forman parte de un fenómeno criminal internacional que no podría existir sin redes financieras, comerciales y de corrupción que operan también dentro de territorio estadounidense. El consumo de drogas se extiende ampliamente por ese país y, para enfrentar los graves efectos que esto provoca en su juventud y en amplios sectores de la población, se requiere voluntad política, inversión social y una estrategia integral de salud pública.
También es ampliamente conocido que el mercado de drogas legales representa un enorme negocio para grandes corporaciones farmacéuticas, fenómeno que en ocasiones se entrelaza con otras dinámicas ilegales vinculadas al narcotráfico y al consumo de sustancias.
Asimismo, el carácter internacional del narcotráfico ha sido utilizado frecuentemente como argumento para justificar políticas de intervención y presión sobre otros países. Estas acciones generan preocupación porque debilitan principios fundamentales del derecho internacional, como la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
La presión política y económica que ejerce Estados Unidos sobre México y otras naciones también ha acelerado el interés global por construir relaciones multilaterales más equilibradas. En ese contexto, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha buscado fortalecer alianzas internacionales y ampliar la cooperación con distintos bloques económicos y políticos.
La población migrante mexicana en Estados Unidos debe tener claro que su unidad cultural, social y política con México representa una fuente de fortaleza para defender sus derechos y sus aspiraciones legítimas de construir una vida digna a ambos lados de la frontera.