La tesis del Doctorado en Ciencias Sociales, presentada en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en diciembre de 2018 por la diputada Fabiola Alanís Sámano, se titula Las mujeres en zona de conflicto en Michoacán. Los límites de la acción gubernativa (2006-2015).
En este trabajo, Fabiola Alanís Sámano presenta los resultados de una investigación sobre la violencia contra las mujeres en las zonas de conflicto de Michoacán, con énfasis en las regiones de Tierra Caliente y la Sierra-Costa durante el periodo 2006-2015. El análisis sostiene que existió una crisis del Estado en la que la acumulación de capital ilegal rebasó las funciones gubernamentales, dando lugar a un “segundo Estado” regido por el crimen organizado. Como consecuencia, la violencia contra las mujeres trascendió el ámbito privado para convertirse en un componente del conflicto armado. A pesar del andamiaje jurídico nacional e internacional, la “anomia institucional” y la persistencia de los “guardianes del patriarcado” dentro del sistema de justicia mantenían niveles de impunidad superiores al 80 %. La investigación incorpora la categoría de “feminización de la violencia” para analizar la vida cotidiana de las mujeres en zonas de conflicto, en relación con las “presencias” (grupos armados) y las “ausencias” (personas desaparecidas y omisión del Estado).
La tesis plantea que la violencia en Michoacán es resultado de la desestructuración de un patrón tradicional de acumulación y de su sustitución por un modelo neoliberal que favoreció la convergencia entre el capital legal e ilegal. La acumulación de capital ilícito, originada en el tráfico de drogas, se infiltró en actividades económicas legales, como la producción de aguacate y limón, así como en la explotación de maderas preciosas y minerales, llegando a controlar territorios y poblaciones, imponer normas, cobrar derechos de piso e impartir una justicia paralela, suplantando funciones propias del Estado. El choque entre la modernidad neoliberal y las estructuras sociales tradicionales genera una situación de anomia social en la que la vida humana deja de ser considerada un valor inviolable.
La investigación delimita una zona de conflicto interno conforme a los criterios establecidos por los Convenios de Ginebra —intensidad de la violencia, control territorial y organización de los grupos armados—, aunque dicha condición no haya sido reconocida formalmente por el Estado mexicano. En esa zona se ubican once municipios: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista Tomatlán, Coahuayana, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec.
Fabiola Alanís Sámano propone una perspectiva teórico-metodológica que permite visibilizar el impacto diferenciado del conflicto armado sobre las mujeres, quienes deben convivir de manera permanente con la presencia de hombres armados pertenecientes a grupos criminales, grupos civiles armados o autodefensas, así como a las fuerzas castrenses —Ejército y Marina— y a corporaciones federales de seguridad. En este contexto, las mujeres asumen, en muchos casos de manera solitaria, la búsqueda de personas desaparecidas, el entierro de sus familiares y el cuidado de huérfanos y personas adultas mayores. Asimismo, algunas terminan incorporándose a estas redes, ocupando los eslabones más vulnerables. Como señala la autora: “En Michoacán, la cultura y la tradición patriarcal están determinando fuertemente los niveles de violencia física y sexual sin distingo de edades” (Alanís Sámano, 2018).
Aunque en México ya se encontraba vigente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la investigación documenta una marcada desconexión entre el marco normativo y su aplicación en los distintos niveles de gobierno. Durante el periodo analizado se observó una escasa judicialización de los casos denunciados. A nivel estatal, de los 812 expedientes correspondientes a mujeres asesinadas, únicamente el 13.9 % concluyó con una sentencia condenatoria. Asimismo, aunque en 2016 se decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para catorce municipios del estado, las acciones implementadas resultaron insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
La violencia contra las mujeres se sustenta en lo que la autora denomina el “mandato de masculinidad”, entendido como un mecanismo de control sobre el cuerpo femenino. El análisis concluye que, en la zona de conflicto, tanto las causas como las modalidades del feminicidio se transformaron. El cuerpo de las mujeres fue utilizado como instrumento para enviar mensajes entre los distintos grupos enfrentados, por lo que con frecuencia las víctimas eran mutiladas, enterradas en fosas clandestinas o expuestas en espacios públicos.
La tesis sostiene que la intervención del Estado fue predominantemente reactiva; es decir, no existió una estrategia preventiva ni una política integral para enfrentar el problema, sino acciones de contención que, en algunos casos, coexistieron con prácticas de complicidad de actores estatales con las estructuras criminales. Al no reconocer formalmente la existencia de un conflicto armado interno, se limita además la aplicación de mecanismos internacionales de protección humanitaria. En ese contexto, los sistemas encargados de promover la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres carecieron de recursos suficientes y de una perspectiva de género efectiva en su implementación. Por ello, la autora plantea la necesidad de que las políticas públicas reconozcan a las mujeres en zonas de conflicto como una categoría específica de análisis, a fin de diseñar estrategias de seguridad, protección e integración social que contribuyan a contener la crisis humanitaria.
La contextualización histórica y política que ofrece la investigación resulta particularmente pertinente, pues sitúa el fenómeno en la coyuntura de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, y lo analiza en el marco de la militarización del Estado y, de manera paradójica, también de diversos sectores de la población civil. Desde un enfoque crítico y feminista, Fabiola Alanís Sámano construye un puente entre la teoría y la práctica mediante la combinación de trabajo de campo, entrevistas a profundidad y análisis documental y estadístico. Esta metodología le permite articular las experiencias de las mujeres con la realidad objetiva del conflicto, mostrando su papel como víctimas, sobrevivientes y agentes sociales. En consecuencia, la tesis no solo evidencia los límites, vacíos y contradicciones de las políticas públicas en materia de seguridad y género, sino que también aporta elementos para comprender la dimensión humana del fenómeno y ofrece herramientas para el diseño de políticas públicas más eficaces orientadas a la protección de las mujeres en zonas de conflicto. En ese sentido, constituye una propuesta que coloca la perspectiva de género como un componente indispensable para la construcción de una cultura de paz.