En menos de año y medio fueron necesarias tres reformas constitucionales para blindar al país de la amenaza de la intervención o injerencia extranjera, luego del repliegue de los Estados Unidos en el llamado “Hemisferio Occidental”, aunque la mayoría de las acciones se han concentrado en los países latinoamericanos, incluido México. Las preguntas de fondo son si ese blindaje constitucional es suficiente ante la escalada de la presión externa y qué papel juegan los gobiernos estatales en este contexto.
Y es que desde el primer día del mandato de Donald Trump comenzó la embestida. Ese 20 de enero de 2025 se firmó la orden ejecutiva para designar como organizaciones terroristas a grupos criminales, incluidos seis cárteles mexicanos; y un par de ellos, con origen en Michoacán.
Un mes después, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con la presentación de dos reformas constitucionales: la primera, al artículo 40, para rechazar expresamente cualquier intento de intervención, injerencia y golpes de Estado desde el extranjero, así como la prohibición de toda intervención en investigación y persecución en territorio nacional sin la autorización y participación del Estado mexicano; y la segunda, al artículo 19, para incluir como causal de prisión preventiva a cualquier persona extranjera que participe en las acciones vinculadas con el artículo anterior, y también a quienes participen en el tráfico de armas.
Un año después de estas modificaciones legales, la sombra de la intervención y de la injerencia extranjera se colocó sobre Latinoamérica de manera más sólida: en septiembre de 2025, Trump aprobó un crédito inédito de 20 mil millones de dólares a Javier Milei, con la condición de mantener la gobernabilidad en Argentina, a un mes de celebrarse las elecciones legislativas de ese país; en diciembre de 2025, el presidente estadounidense indultó al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de prisión por tráfico de drogas, justo unos días después de las elecciones en el país centroamericano; a menos de medio año de su liberación, se reveló que el indultado lideraba una red mediática para desprestigiar a los gobiernos de México y Colombia, en lo que ahora se conoce como el “Hondurasgate”.
Esta sombra se oscureció aún más el 3 de enero de 2026, con la intervención armada en territorio venezolano, que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Arreciaron las sanciones al pueblo Cubano, se fortaleció la presencia estadounidense en Ecuador, en Bolivia y Chile se derrotó a la Izquierda con candidatos afines los Estados Unidos, y las ultraderechas de Colombia, Brasil y Perú, en pleno proceso electoral o por iniciar dichos proceso, se alinearon con la ultraderecha norteamericana con la finalidad de asegurar un triunfo en las urnas.
Bajo este contexto, en abril de este año se descubrió la operación ilegal de la CIA en Chihuahua (¿debieron aplicarse los artículos 19 y 40 constitucionales?) y se publicitó mediáticamente una débil solicitud de extradición de 10 personas sinaloenses, entre ellos, el gobernador, un senador y un presidente municipal.
Con todos estos elementos, la respuesta ha sido la necesaria modificación del artículo 41 constitucional, presentada y aprobada a finales de mayo por la bancada morenista en la Cámara de Diputados, para adicionar como causal de nulidad de una elección la intervención o la injerencia extranjera, aunque todavía falta la modificación de la legislación secundaria para su implementación. Sin duda se tiene una respuesta legal hasta el momento suficiente y se tiene una respuesta política encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, también apuntalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de su quinta aparición pública desde que dejó el cargo.
En los estados, con especial énfasis en Michoacán, la respuesta política e institucional debe ser contundente para la defensa de la soberanía. Por un lado, la politización respecto a nuestro papel para detener la intervención y la injerencia extranjera debe convertirse en parte de la agenda cotidiana de las fuerzas políticas progresistas a ras de tierra; y por otro, el actuar institucional debe ser impecable, sobre todo en los ámbitos de la seguridad pública y la investigación y la sanción del delito.
Ahora que estamos a menos de un año de la renovación de prácticamente todas las autoridades michoacanas, estos últimos elementos deben posicionarse como fundamentales para la toma de decisiones en el electorado.