En tiempos recientes, hemos presenciado un renovado enfoque en un tema que debió atenderse desde hace décadas: el respeto, la protección y las garantías de los Derechos Humanos.
En este sentido, las políticas públicas implementadas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y continuadas por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se orientan a cumplir el mandato constitucional respecto a estos tres principios fundamentales: la protección, que implica el deber del Estado de tomar medidas para evitar violaciones a los Derechos Humanos; el respeto, que conlleva la obligación de las autoridades de abstenerse de acciones que impidan el acceso pleno a estos derechos; y la garantía, que significa que el Estado debe implementar todas las acciones necesarias para que las personas ejerzan sus derechos de manera efectiva.
El propósito de este texto no es analizar el cumplimiento del Estado en sus deberes constitucionales, políticos o sociales, para ello existe una amplia bibliografía; más bien, la intención es abordar el sensible tema de la participación ciudadana en la atención de esos mismos principios, un asunto de gran complejidad, no solo en la teoría, sino también en su comprensión y aceptación práctica.
Una sociedad que se construye bajo los principios de una Cultura de Paz, Equidad e Igualdad requiere la participación de todas las personas. La visión tradicional ha tendido a responsabilizar unilateralmente al Estado, mientras que, en pocas ocasiones, se ha enfatizado en la corresponsabilidad de la ciudadanía.
Aquí surge una distinción crucial. En el plano de lo macro-ético existe una obligación ineludible y coercitiva que debe cumplir el Estado. En cambio, la dimensión de lo micro-ético implica la aceptación y la responsabilidad personal de cada individuo de respetar los derechos humanos en su entorno inmediato. Habrá que recordar que la primera línea de defensa de los Derechos Humanos está entre las personas.
Los Derechos Humanos tienen su fundamento en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de cada persona por lo que, donde existe una relación humana debe existir un compromiso micro-ético. Entonces, acciones como rechazar y no reproducir lenguaje discriminatorio o estereotipos, resolver conflictos mediante el diálogo y no la agresión, participar en organizaciones vecinales o comunitarias, respetar los espacios públicos, el trabajo y la familia; solidarizarse con grupos en situación de vulnerabilidad, educar en derechos humanos desde el hogar, rechazar todo tipo de violencia de género o familiar, son sólo algunos ejemplos concretos de lo que la micro-ética implica en nuestra vida diaria. Es el tejido social sobre el cual las garantías estatales se fortalecen.