El mercado laboral mexicano ha experimentado varias transformaciones significativas en los últimos seis años, primero bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum.
Ambos mandatos han implementado políticas que buscan mejorar las condiciones de los trabajadores, aunque con enfoques complementarios que reflejan los desafíos particulares de cada periodo.
El sexenio de López Obrador marcó un punto de inflexión en materia laboral. Su gobierno logró uno de los aumentos más importantes al salario mínimo en la historia reciente, un incremento acumulado del 110%, pasando de 88.36 pesos en 2018 a 248.93 pesos en 2024.
Este ajuste no solo superó la inflación, sino que permitió recuperar parte del poder adquisitivo perdido en décadas anteriores. En la frontera norte, el salario llegó a $374.89 pesos, una medida estratégica para competir con los empleos del lado estadounidense.
Otro logro fundamental fue la Reforma Laboral de 2019, que democratizó la vida sindical al eliminar prácticas corporativistas y garantizar elecciones libres y secretas. Esta reforma, además, permitió cumplir con los compromisos del T-MEC en materia laboral.
Los trabajadores también se beneficiaron de la creación de Centros de Conciliación Laboral, que agilizaron la resolución de conflictos entre empleados y patrones. También se eliminó el esquema abusivo del outsourcing, iniciativa que se aprobó en el Congreso en 2021 ayudando a millones de personas a obtener un empleo formal en el que tiene garantizados derechos como la seguridad social, estabilidad laboral y prestaciones. A partir de los cambios en la Ley Federal del Trabajo en el 2023, los trabajadores mexicanos tienen 12 días laborables hábiles de vacaciones al año, aumentando dos días por año hasta llegar a 20.
Los programas sociales tuvieron un impacto directo en el empleo: Jóvenes Construyendo el Futuro capacitó a más de 2.3 millones de personas, mientras que las Tandas para el Bienestar apoyaron a pequeños negocios informales. Además, grupos históricamente desprotegidos, como las trabajadoras del hogar, lograron por primera vez acceso al IMSS.
Claudia Sheinbaum heredó estas políticas, pero las está adaptando a nuevos desafíos.
Uno de sus primeros actos fue aumentar el salario mínimo a $278.90 pesos en 2025 (12% más que en 2024), con la meta para 2030 de que sea de dos canastas básicas. Uno de sus ejes principales es la formalización laboral, especialmente para trabajadores de plataformas digitales.
Su gobierno negocia con empresas como Uber y Rappi para garantizar seguridad social y prestaciones, siguiendo modelos internacionales.
A pesar de los avances, México sigue enfrentando problemas estructurales. La informalidad laboral ronda el 55% y muchos empleos en el sector privado aún ofrecen salarios bajos. Además, la resistencia de algunas empresas a regularizar a repartidores y otros trabajadores “gig” muestra que la batalla por los derechos laborales no ha terminado. Otro compromiso del gobierno actual es reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales a lo largo del sexenio.
Tanto AMLO como Sheinbaum han priorizado mejorar las condiciones laborales, aunque con estrategias distintas: el primero centrado en recuperar lo perdido y el segundo en modernizar el mercado de trabajo. Si bien queda camino por recorrer, estas administraciones han sentado bases importantes para construir un futuro con mejores empleos y condiciones de trabajo para los mexicanos.