La estrategia de seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado avances significativos en sus primeros meses de gobierno, combinando acciones operativas contundentes con un enfoque integral que aborda las causas estructurales de la violencia.
Entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, se registró una disminución del 15% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, pasando de 86.9 a 74.68 casos diarios. Febrero de 2025 se posicionó como el mes con menor incidencia en los últimos ocho años.
Las fuerzas de seguridad han intensificado las operaciones contra el narcotráfico, logrando la incautación de más de 125.8 toneladas de drogas, incluyendo 1 mil 271 kg y más de 1.6 millones de pastillas de fentanilo; la destrucción de 475 laboratorios clandestinos en 14 estados del país, además de la detención de 14 mil 517 personas por delitos de alto impacto.
Se ha consolidado la Guardia Nacional con más de 130 mil elementos, garantizando estabilidad y disciplina en las operaciones de seguridad. Además, se ha implementado una plataforma electrónica para el seguimiento de índices delictivos, permitiendo evaluaciones constantes y una mejor coordinación entre entidades federales y estatales.
El gobierno ha invertido en programas sociales como “Los Jóvenes Unen al Barrio”, que busca la reinserción social de jóvenes, y “Senderos Seguros”, con más de 710 kilómetros de espacios públicos intervenidos para brindar mayor seguridad a mujeres y niñas.
Por lo anterior y de cara al futuro, la administración enfrenta el reto de reformular la estrategia de seguridad con una visión más integral: fortalecer las policías civiles, mejorar la inteligencia criminal, garantizar justicia y reforzar la coordinación con estados y municipios. La seguridad pública seguirá siendo un eje crucial de gobernabilidad y legitimidad para el próximo sexenio.
Si bien la administración de Claudia Sheinbaum ha logrado avances tangibles en la reducción de delitos y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Aún persisten desafíos importantes, especialmente en la percepción ciudadana ya que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, el 69.9% de los mexicanos se sienten inseguros en sus localidades, evidenciando la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad y comunicación con la ciudadanía y sobre todo en la consolidación de una seguridad integral en todo el país. La centralización de funciones en las Fuerzas Armadas puede haber proporcionado cierto orden táctico, pero plantea riesgos a largo plazo para la democracia, la rendición de cuentas y los derechos humanos. Se requiere una política integral, que combine presencia territorial, justicia efectiva y prevención social del delito. Lo anterior, extremadamente necesario para no convertirnos en una sociedad cada vez más acostumbrada a vivir entre el miedo y la resignación.