La propuesta de gobierno de Fabiola Alanís para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) promete excelentes resultados porque parte de un diagnóstico estructural: en Michoacán existen más de 177 mil personas empleadoras, pero apenas el 19 por ciento opera en la formalidad. Cada año se incorporan 50 mil personas al mercado laboral y solo se generan en promedio 6 mil empleos formales. Frente a esta brecha, la apuesta no es asistencialista sino transformadora: convertir a las MiPyMEs en el motor de una economía con bienestar y prosperidad compartida, atacando simultáneamente los nudos que las asfixian: la carga fiscal, la tramitología, la falta de financiamiento y un marco jurídico que ha privilegiado al gran capital.
En lo operativo, el eje es la simplificación radical y el combate a la corrupción, ella plantea una política decidida para reducir la tramitología, eliminar espacios de discrecionalidad y facilitar la apertura y consolidación de pequeñas y medianas empresas. No se trata de digitalizar por inercia, sino de construir un gobierno que quite el pie del cuello del emprendedor: ventanillas únicas municipales, tiempos de respuesta acotados y cero espacio para la mordida. La operación eficiente es la condición de posibilidad para que el resto de las políticas funcionen.
En lo financiero, la propuesta combina dos vías complementarias. Por un lado, la reducción gradual del Impuesto Sobre Nómina (ISN), que actualmente es del 3 por ciento, acompañada de una estrategia de ampliación de la formalidad que permita reducir la tasa sin comprometer las finanzas públicas. Por otro, el fortalecimiento de la economía social y solidaria: Alanís ha impulsado una reforma a la Ley de Desarrollo Económico para promover la organización de sociedades cooperativas, garantizar beneficios directos para sus integrantes e integrarlas a cadenas de valor estatales y regionales. El financiamiento no es caridad: es inversión en soberanía económica local, con créditos blandos y compras públicas preferentes para cooperativas y MiPyMEs.
En lo jurídico, la transformación exige una Ley Estatal de Economía Social que dé certeza, reconocimiento e impulso a las cooperativas, y una reforma integral a la Ley de Desarrollo Económico que coloque al sector social como pilar del desarrollo junto al público y el privado. Pero el salto cualitativo está en incorporar la perspectiva de género como criterio transversal: las mujeres empresarias son estratégicas para la economía estatal, y eliminar las barreras que enfrentan es condición para el desarrollo. El marco jurídico no puede ser neutral en un estado donde la informalidad y la desigualdad tienen rostro femenino.
En síntesis, su propuesta no es un menú de buenas intenciones: es un modelo donde la operación simplifica para formalizar, el financiamiento alivia para crecer y el derecho reconoce para incluir. Michoacán no necesita más promesas; necesita un gobierno que entienda que fortalecer a las MiPyMEs es fortalecer a las familias michoacanas. Esa es la apuesta.