El 8 de marzo es una fecha clave para visibilizar la lucha por la igualdad de género. En México, este día no solo conmemora los logros de las mujeres, sino que también destaca los desafíos jurídicos y sociales que persisten en su acceso a la justicia y participación política.
Marco jurídico y desafíos
México ha ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos y equidad de género, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado a garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. A nivel interno, la Constitución, en su artículo 4°, establece la igualdad entre mujeres y hombres, reformada en diversas ocasiones para fortalecer los derechos de las mujeres en materia política, social y laboral; además, leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres han representado avances importantes en el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la brecha entre la legislación y su aplicación efectiva sigue siendo uno de los mayores retos.
Uno de los mayores problemas es la impunidad en casos de violencia de género. A pesar del robusto marco legal, persisten obstáculos en la procuración de justicia. Muchas víctimas enfrentan revictimización y procesos judiciales ineficaces que limitan el acceso a la justicia.
Participación política
Las reformas legales han permitido que más mujeres accedan a la política, pero la violencia de género sigue siendo un obstáculo. Aunque la paridad en candidaturas ha mejorado su representación, persisten resistencias que dificultan su desempeño y desalientan su acceso a cargos de elección popular.
Un desafío reciente es la simulación en el uso de acciones afirmativas, como ocurrió en las elecciones del 2 de junio en Michoacán. Varios candidatos hombres se autoadscribieron como mujeres para obtener candidaturas exclusivas, generando controversia sobre la legitimidad de sus postulaciones. Este fenómeno no solo vulnera el propósito de estas medidas, sino que también representa un obstáculo adicional para las mujeres que buscan espacios de representación legítimos.
Ante esta problemática, es fundamental que las autoridades electorales refuercen los mecanismos de verificación en los procesos de autoadscripción de género y sancionen el uso indebido de estas acciones afirmativas.
El 8 de marzo como llamado a la acción
El 8 de marzo no solo debe ser una jornada de reflexión, sino también una oportunidad para escuchar las demandas de las mujeres. A través de sus consignas en las manifestaciones, exigen el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la igualdad de género. Es imprescindible que el Estado refuerce las estrategias de prevención, atención y sanción de la violencia, además de implementar políticas que promuevan su autonomía económica y su participación plena en todos los ámbitos.
Desde la práctica jurídica, resulta esencial abogar por la aplicación efectiva de la legislación vigente y fomentar el litigio estratégico como una herramienta clave para consolidar precedentes que fortalezcan la protección de los derechos de las mujeres.
Conclusión
El 8 de marzo nos recuerda que la lucha por la igualdad continúa. La justicia debe ser accesible para todas las mujeres, y es responsabilidad del Estado y la sociedad garantizar su efectividad. La equidad de género no es una concesión, sino un derecho inalienable.