Las violaciones a los derechos humanos cometidas con la mayor saña contra miles de personas por los gobiernos neoliberales, durante seis sexenios fueron la continuación de una historia de horrores ya documentada que marcó al PRI Gobierno desde su origen mismo en 1929.
En efecto, la represión de toda disidencia alcanzó a prácticamente todos los sectores sociales y todos los estados de la República y se practicó con apresamientos, tortura, asesinatos y desapariciones selectivas y masivas.
La impunidad fue una política de estado y una estrategia rigurosa que impidió que llegara la justicia para el pueblo agraviado. Se trataba de impedir el surgimiento de liderazgos y organizaciones que pudieran cambiar ese estado de cosas.
La guerra fría entre Estados Unidos (EEUU) y sus satélites contra los países del campo socialista, después de 1945, agudizó aún más la política represora del Estado mexicano, alineado con el bando norteamericano.
La represión a sangre y fuego en prácticamente todas las campañas presidenciales contra aquellos que no se alienaban con el partido oficial y las masacres y persecución contra los ferrocarrileros, petroleros, mineros, campesinos, indígenas, médicos, maestros y estudiantes, entre otros, marcaron a los gobiernos de la derecha durante décadas.
En el marco anterior, los descarados fraudes de 1988, 2006 y 2012 trajeron aparejada la creación de un narco Estado que incorporó a la delincuencia organizada como parte del poder.
Históricamente, es imposible separar la estrategia represiva del Estado contra la disidencia política mientras daba tolerancia y cobertura selectiva a la delincuencia organizada.
Por eso, resulta grotesco y cínico que los medios de comunicación vendidos al poder pretendieran adjudicar a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum un papel de complicidad con la delincuencia organizada propia de los gobiernos derechistas.
La represión como forma de gobierno durante casi un siglo por el régimen represor y agudizado en la etapa del narco Estado neoliberal ha dejado una estela de dolor social que aún no termina. El gravísimo problema de las desapariciones sólo pudo desarrollarse impunemente por la colusión del Estado con los criminales y se convirtió en un problema estructural que es muy difícil erradicar de manera inmediata desde los gobiernos de la Cuarta Transformación; sin embargo, estamos en una nueva época. Estos gobiernos emanados del pueblo están desmantelando la estructura de poder y complicidad que tenía, entre otras armas, a un Poder Judicial podrido encargado de liberar a los grandes delincuentes del crimen organizado y a los de cuello blanco enquistados en la estructura del Estado.
¿Es posible erradicar las lacras del sistema de justicia y liberar a México de la extrema violencia que representa la desaparición de seres humanos?
Sin duda, no sólo es posible, sino que es una condición clave para construir una sociedad justa, libre y pacífica. El poder del Pueblo que se sacudió a sus enemigos en 2018 con el liderazgo de AMLO, tiene toda la capacidad de reconstruir una sociedad de paz y desarrollo con justicia. En estos años de la 4T y ya con Claudia Sheinbaum al frente del país, ha quedado claro que la inmensa mayoría del Pueblo ha decidido no dar marcha atrás y sin duda, se erradicarán las prácticas extremas del crimen que lastiman a todas y todos. Las nuevas generaciones podrán vivir en un país que ya no conocerá los horrores de los gobiernos derechistas que lo destrozaron y sin ninguna duda, la sociedad sanará definitivamente de sus heridas.