En México, la participación política de las mujeres ha sido una conquista histórica que no ha estado exenta de resistencia y violencia.
Aunque los avances legales y normativos han abierto espacios para una mayor representación en cargos públicos, esta inclusión ha generado reacciones de rechazo por parte de estructuras arraigadas en el machismo, convirtiéndose en un mecanismo común y pernicioso para frenar el avance de las mujeres en la vida pública.
La violencia política contra las mujeres por razón de género se manifiesta a través de actos —físicos, simbólicos, psicológicos, sexuales o económicos— que buscan menoscabar o anular su participación en el ejercicio del poder público.
En nuestro país se han realizado grandes esfuerzos por legislar a favor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Así, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su Artículo 20 Bis, define la violencia política contra las mujeres por razón de género, en términos generales, como la acción u omisión que tenga como objeto menoscabar los derechos de las mujeres a participar en funciones públicas y en la toma de decisiones, obstaculizando su derecho a ser votadas.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral aprobó en 2022 el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, un instrumento que establece procedimientos claros y una ruta de acción ante posibles actos de violencia: atención inmediata a la víctima, análisis de riesgo, medidas de protección y plan de seguridad individualizado, entre otras acciones, el cual ha sido traducido a diversas lenguas.
Sin embargo, la resistencia machista no es un fenómeno aislado: es consecuencia de una cultura política dominada históricamente por el patriarcado y se manifiesta cuando los espacios públicos son ocupados por mujeres, al representar una amenaza simbólica al statu quo y desafían abiertamente las formas tradicionales de ejercer el poder.
La presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones no es solo un asunto de equidad, sino de calidad democrática. Diversos estudios han demostrado que la participación femenina en el ámbito público mejora la transparencia, promueve políticas más inclusivas y refuerza la representación de grupos históricamente marginados.
Además, las mujeres tienden a impulsar temas que han sido relegados de la agenda pública, como la justicia social, los derechos reproductivos, la protección del medio ambiente y la lucha contra la violencia de género. Su inclusión no solo enriquece el debate político, sino que transforma las prioridades del Estado en favor de una sociedad más justa y equitativa.
Permitir la violencia política por razón de género implica hacer nugatorio el derecho de acceso a los cargos públicos o de representación popular, vulnerando los derechos humanos de las mujeres y limitando el desarrollo democrático del país. La democracia no puede considerarse plena ante barreras estructurales que impiden a más de la mitad de la población ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
Erradicar esta violencia requiere una respuesta integral: mecanismos de denuncia efectivos, sanciones ejemplares, campañas de sensibilización y, sobre todo, un cambio cultural que reconozca a las mujeres no como “invitadas” a la vida pública, sino como actoras legítimas y necesarias para el bienestar del Estado.
El marco legal vigente, junto con instrumentos como el protocolo del INE, representa un avance crucial, pero su efectividad depende del compromiso de las instituciones, partidos políticos, medios y ciudadanía para garantizar una participación política libre de violencia. Cuando se garantice la participación libre y plena de las mujeres en el quehacer público, México podrá avanzar hacia una democracia verdadera e incluyente.