La gentrificación, lejos de ser un proceso neutro de “revitalización urbana”, es una expresión moderna del despojo, resultado del avance del capital sobre territorios populares. Sus orígenes se remontan al reordenamiento urbano neoliberal de las grandes ciudades en el siglo XX, cuando se comenzó a ver el suelo urbano no como un derecho sino como una mercancía. En este modelo, barrios históricamente habitados por clases trabajadoras, comunidades indígenas o migrantes, comienzan a ser “revalorizados” tras años de abandono institucional, atrayendo inversión privada, desarrollos inmobiliarios y una población de mayores ingresos.
Detrás del discurso de la modernización hay una lógica de expulsión. Los servicios mejoran, pero también suben los alquileres, los impuestos, los precios. Las vecinas y vecinos originales sin voz en las decisiones sobre su propio territorio son desplazados, perdiendo no sólo su vivienda sino también sus redes comunitarias, su historia, su arraigo. La cultura local es reemplazada por versiones edulcoradas, aptas para el consumo turístico o de élites, borrando memorias colectivas y formas de vida solidarias.
Desde la cuarta transformación y la construcción de su segundo piso, es fundamental entender que la gentrificación no es un fenómeno inevitable, sino una política de clase. Las ciudades se están convirtiendo en espacios de acumulación para unos cuantos, a costa del bienestar de las mayorías. Resistir la gentrificación es defender el derecho a la ciudad, a habitar dignamente, a decidir colectivamente sobre los territorios.
Combatirla implica políticas públicas que prioricen vivienda social, renta controlada, propiedad colectiva y protección a comunidades vulnerables. Pero también implica una mirada crítica que confronte el mito del “progreso” cuando éste excluye, despoja y reordena la vida urbana bajo los intereses del capital. Porque la ciudad no debe ser una mercancía, sino un bien común.