La tesis de Doctorado en Ciencias Sociales presentada en la UAM en diciembre de 2018 por la Diputada Fabiola Alanís Sámano se titula “Las mujeres en zona de conflicto en Michoacán. Los límites de la acción gubernativa (2006-2015)”.
En el documento, Alanís presenta el resultado de su investigación sobre la violencia en contra de las mujeres en las zonas de conflicto en Michoacán, enfocándose en Tierra Caliente y la Sierra Costa entre 2006 y 2015. El análisis demuestra la existencia de una crisis de Estado donde la acumulación de capital ilegal había rebasado las funciones gubernamentales, creando un “segundo Estado” regido por el crimen organizado. Derivado de ello, la violencia contra las mujeres trascendió el ámbito privado para convertirse en un componente del conflicto armado. A pesar del andamiaje legal nacional e internacional, la “anomia institucional” y la persistencia de los “Guardianes del Patriarcado” en el sistema de justicia, mantenían los niveles de impunidad arriba del 80%. La investigación introduce la categoría de “feminización de la violencia” en el análisis de la vida cotidiana de las mujeres en zonas de conflicto, en relación con las “presencias” (grupos armados) y de las “ausencias” (desaparecidos y omisión estatal).
La violencia en Michoacán es el resultado de la desestructuración de un patrón de acumulación tradicional y su sustitución por un modelo neoliberal agresivo que genera la mezcla entre el capital legal e ilegal. La acumulación de capital ilegal, originado en el tráfico de drogas, se infiltra en ramas legales como la producción de aguacate, limón, maderas preciosas y minerales, llegando a controlar territorios y poblaciones, dictando normas, cobrando derechos de piso e impartiendo una justicia a modo, suplantando las funciones del Estado. El choque entre la modernidad neoliberal y las estructuras sociales tradicionales genera una anomia social donde la vida humana deja de ser considerada sagrada.
La investigación delimita una zona de conflicto interno de acuerdo con los criterios de los Convenios de Ginebra (intensidad, control y organización de grupos armados) aunque no es una zona reconocida formalmente por el Estado, en la que se ubican 11 municipios: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista Tomatlán, Coahuayana, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec.
Fabiola Alanís Sámano propone una perspectiva teórica-metodológica que permite visibilizar cómo el conflicto armado impacta de manera diferenciada a las mujeres, ya que éstas deben sobrellevar permanentemente la presencia de hombres armados, que van de los grupos criminales, a los grupos civiles armados o autodefensas, a las fuerzas castrenses del Ejército, la Marina y la Policía Federal. En esta situación, las mujeres asumen solas la búsqueda de desaparecidos, el entierro de los muertos y el cuidado de huérfanos y ancianos, además, algunas mujeres se incorporan en estas redes, siendo el eslabón más débil y vulnerable. “En Michoacán, la cultura y la tradición patriarcal están determinando fuertemente los niveles de violencia física y sexual sin distingo de edades” (Alanís Sámano, 2018).
A pesar de que en México ya existía la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la práctica la investigadora encontró una desconexión entre la norma y su aplicación en los diferentes niveles. En el periodo revisado hay una falta de judicialización de los casos denunciados pues a nivel estatal, de los 812 expedientes de mujeres asesinadas, sólo el 13.9% derivó en una sentencia condenatoria y, aunque se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 14 municipios en 2016, las acciones fueron insuficientes debido a la magnitud de la crisis.
La violencia contra las mujeres se sustenta en el “mandato de masculinidad” que busca mantener el control sobre el cuerpo femenino. El análisis concluye que en la zona de conflicto las causas y las formas en las que se presenta el feminicidio cambiaron. El cuerpo de la mujer se convirtió en un instrumento para enviar mensajes entre los bandos, por lo que los cuerpos eran frecuentemente mutilados, enterrados en fosas clandestinas o expuestos en plazas públicas.
La tesis establece que la intervención del Estado había sido reactiva, esto es, que no se actuó de manera preventiva ni con una estrategia clara, sino a través de una política de contención y en ocasiones incluso fue cómplice de las estructuras criminales pues al no reconocer formalmente el conflicto armado interno, se impide la aplicación de protocolos internacionales de protección humanitaria. Los sistemas para la igualdad y la erradicación de la violencia carecieron de recursos efectivos y de perspectiva de género en su ejecución, por lo cual es imperativo que las políticas públicas reconozcan a las mujeres en zona de conflicto como una categoría de análisis específica para diseñar programas de seguridad e integración social que coadyuve a contener la crisis humanitaria.
La contextualización histórica y política de la investigación es muy pertinente pues se da en la coyuntura de la “guerra del narco” en 2006, es decir, sitúa el fenómeno en el marco de la militarización del Estado, pero de manera paradójica, también de la población civil. Fabiola Alanís Sámano presenta un marco crítico-feminista para acercarse a las mujeres en zonas de conflicto; así mismo, crea un puente entre la teoría y la práctica al combinar la observación en campo y las entrevistas a profundidad con el análisis documental y estadístico, lo que le permitió articular las experiencias de las mujeres con la realidad objetiva, mostrando su papel como víctimas, sobrevivientes y agentes sociales; en ese sentido, más allá de mostrar los límites, los vacíos y las contradicciones en las políticas públicas de seguridad y de género, muestra el lado humano del fenómeno, ofreciendo herramientas para generar políticas públicas más eficaces para la protección de las mujeres en zonas de conflicto, es decir, presenta una propuesta transformadora que coloca la perspectiva de género como condición indispensable para una cultura de paz.