A unos meses de que inicie la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC, antes TLCAN), prevista para julio de este año, las posibilidades de modificaciones estructurales al capítulo agroalimentario para favorecer la producción mexicana parecen prácticamente nulas y sólo se prevé la continuidad; mientras tanto, la brecha para lograr la dependencia alimentaria del país se mantiene en aumento y es apremiante el fortalecimiento de soluciones nacionales, regionales y locales para alcanzar esta otra dimensión de soberanía.
A 32 años de inicio del tratado comercial, la soberanía de los Estados-nación juega un papel fundamental, especialmente por aquellos ámbitos donde la dependencia al mercado exterior se convierte en una debilidad estructural de consecuencias cada vez más graves, por ejemplo, cuando se enfrentan escenarios de contracción de los mercados mundiales por los conflictos bélicos y las famosas sanciones comerciales que hoy son el pan de cada día.
Hoy, un gran pendiente nacional es la soberanía alimentaria, desmoronada a través del TLCAN-TMEC, aunque presumamos de una balanza comercial superavitaria. Aquí, un breve ejemplo. Los principales productos agroalimentarios exportados por México son la cerveza, el tequila, el aguacate, las berries y el jitomate, alimentos cuyo nivel de producción puede reducirse sin afectar la soberanía alimentaria; por el contrario, las principales importaciones alimentarias de México son la carne y los cereales: maíz, trigo y soya, además de avena, arroz, lentejas y frijoles, es decir, en su gran mayoría, alimentos básicos que, haberlos dejado de producir sí aumentó nuestra dependencia alimentaria.
Otro ejemplo más claro es el siguiente: de 1994 a 2024 ha crecido significativamente la dependencia de las importaciones de alimentos básicos, empezando por el maíz. Antes, el 13% del consumo nacional de maíz se abastecía con importaciones; en 2024 se importó el 49% del maíz que consumimos; lo mismo pasó con el arroz, 75% del consumo fue importado; en avena, importamos el 62%; incluso, importamos 88% de las lentejas, el 62% del trigo y el 30% del frijol que consumimos.
Una pregunta sencilla es ¿y por qué dejamos de producir esos alimentos? La respuesta sencilla se compone de dos elementos: primero, una apertura indiscriminada del sector alimentario nacional al mercado internacional; y, segundo, un desmantelamiento del apoyo gubernamental al campo en México mientras se fortaleció el apoyo a productores agrícolas de los países socios, principalmente, Estados Unidos.
El resultado, cientos de miles de campesinos mexicanos quebraron ante precios internacionales artificialmente bajos por los altos subsidios, inició el vaciamiento del campo por vía de la migración masiva; las tierras se vendieron, prestaron o rentaron y grandes productores o trasnacionales las usaron para surtir la demanda agroalimentaria internacional; aumentó la importación de alimentos básicos, y cada variación internacional de los precios de alimentos impacta la inflación nacional y afecta de manera sensible a los productores agrícolas con menores niveles de producción, es decir, a la mayoría.
Un factor clave para revertir este contexto es la renegociación del capítulo agropecuario del TMEC, sin embargo, las presiones arancelarias estadounidenses y las amenazas a los sectores automotriz y del acero para México, han desplazado la capacidad para modificar el comercio internacional de alimentos en el marco del tratado. Por tanto, de ese lado, al parecer, todo seguirá igual durante varios años.
Sin embargo, el otro lado está relacionado con las capacidades nacionales de fortalecimiento de la soberanía alimentaria, que no deberían ser sólo una tarea del Gobierno de México, quien actualmente cuenta con la política de mayor peso para la protección de este sector; aquí también juegan un papel importante los gobiernos estatales y los municipales, en la suma de acciones de protección al sector alimentario de sus estados y regiones. Y tampoco se queda ahí la responsabilidad, también están los esfuerzos de cooperación desde las áreas no gubernamentales para la búsqueda de soluciones conjuntas y el impulso de otras formas de organización productiva y de consumo que permitan fortalecer el sector, por ejemplo, la expansión regional del cooperativismo y de la economía solidaria, que puede ser otro camino viable, construido desde abajo.