La feminización de la pobreza no es una consigna vacía ni una categoría abstracta: es una realidad palpable que atraviesa la vida cotidiana de millones de mujeres. En México, y particularmente en estados con profundas desigualdades como Michoacán, esta problemática se expresa en menores ingresos, mayor carga de trabajo no remunerado y acceso limitado a derechos básicos. A ello se suma la persistente división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres la responsabilidad casi exclusiva de las tareas de cuidado, reproduciendo así un ciclo de desigualdad que se transmite de generación en generación.
Hablar de feminización de la pobreza implica también hablar de la feminización del trabajo en condiciones precarias. Las mujeres están sobrerrepresentadas en empleos informales, mal remunerados y sin acceso a seguridad social. Muchas de ellas combinan jornadas laborales extensas con responsabilidades domésticas y de cuidado que no son reconocidas ni remuneradas. Esta doble (e incluso triple) jornada no solo limita sus oportunidades de desarrollo, sino que impacta directamente en su bienestar físico y emocional.
El problema no radica únicamente en la falta de ingresos, sino en la estructura misma del sistema económico y social, que descansa en gran medida sobre el trabajo invisible de las mujeres. El cuidado de niñas, niños, personas mayores, enfermas o con discapacidad sostiene la vida cotidiana y permite el funcionamiento de la economía, pero sigue siendo considerado una responsabilidad privada, individual y, sobre todo, femenina. Esta lógica no solo es injusta, sino insostenible.
En este contexto, la creación de un sistema nacional de cuidados se vuelve una necesidad urgente. No se trata de una política asistencial, sino de una transformación estructural que reconozca el cuidado como un derecho y como un bien público. Un sistema de cuidados implica garantizar servicios accesibles y de calidad, así como redistribuir las responsabilidades entre el Estado, el mercado, las comunidades y los hogares.
Además, avanzar en esta dirección permitiría reducir las brechas de desigualdad de género en el ámbito laboral. Al liberar tiempo para las mujeres, se amplían sus posibilidades de participación en el empleo formal, en la educación y en la vida pública. Al mismo tiempo, se generan empleos en el sector de cuidados, los cuales deben estar acompañados de condiciones laborales dignas y reconocimiento social.
Desde una perspectiva de izquierda, la discusión sobre el sistema de cuidados no puede desvincularse de la lucha por la justicia social. Se trata de cuestionar un modelo que históricamente ha explotado el trabajo de las mujeres sin retribución, y de construir alternativas que pongan la vida en el centro. Esto implica también reconocer las desigualdades internas: no todas las mujeres viven la pobreza de la misma manera, y factores como la clase social, el origen étnico o la condición migratoria profundizan las brechas existentes.
En los últimos años, el tema ha ganado visibilidad en la agenda pública, impulsado en gran medida por los movimientos feministas y por sectores progresistas que han colocado el cuidado como un eje fundamental de las políticas sociales. Sin embargo, los avances aún son insuficientes frente a la magnitud del problema.
Revertir la feminización de la pobreza requiere voluntad política, inversión pública y un cambio cultural profundo. No basta con reconocer el problema: es necesario transformar las estructuras que lo sostienen. Apostar por un sistema de cuidados es, en ese sentido, una decisión estratégica para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.
Poner el cuidado en el centro significa reconocer que la vida y el bienestar colectivo deben ser la prioridad. En un contexto donde las desigualdades persisten, esta apuesta no solo es necesaria, sino urgente. Porque sin justicia para las mujeres, no hay justicia social posible.