La economía michoacana enfrenta grandes retos que difícilmente serán solucionados desde las visiones tradicionales y los enfoques neoliberales que aún predominan en distintos espacios de decisión. Por ello, resulta importante contrastar los distintos proyectos económicos implementados por las diferentes fuerzas políticas en Michoacán, tanto a nivel estatal como municipal. Vale la pena revisar los casos de las administraciones estatales entre 2012 y 2021, las experiencias actuales de Morelia y Uruapan, así como la propuesta respaldada desde la actividad legislativa de Fabiola Alanís.
Primero, es necesario reconocer que la economía no es una ciencia exclusivamente técnica, aunque el enfoque neoliberal haya intentado encasillarla en ámbitos más cercanos a las ciencias naturales que a las ciencias sociales. Segundo, el pensamiento neoliberal rompe la relación orgánica entre economía y política; por ello, desde esas posturas suele afirmarse que lo mejor es “más mercado y menos Estado”. Sin embargo, ya conocemos, en carne propia, los resultados negativos de llevar esas ideas al gobierno, y también los observamos actualmente en distintos países, como ocurre con la Argentina de Javier Milei.
En el fondo, las preguntas más importantes que debe responder cualquier proyecto económico no son únicamente cuánto crecer o dónde crecer, sino cómo se produce, quiénes producen, quiénes se benefician y quiénes quedan excluidos de ese proceso.
Las dos fuerzas políticas que gobernaron Michoacán entre 2012 y 2021, aunque pertenecían a partidos distintos, mantuvieron proyectos económicos muy similares: tecnificación del campo, impulso a la minería, capacitación y formalización de pequeñas y medianas empresas para integrarlas a cadenas de valor externas, modernización logística del puerto de Lázaro Cárdenas, desarrollo intensivo del turismo, promoción del autoempleo y vinculación entre el sector privado y las personas desempleadas.
Esta conducción de la política económica facilitó la concentración de la riqueza en unos cuantos sectores. La tecnificación benefició principalmente a los grandes productores agropecuarios; la minería favoreció sobre todo a corporaciones trasnacionales; la informalidad laboral no disminuyó y, en algunos casos, se amplió mediante políticas de autoempleo; además, el turismo se orientó prioritariamente hacia visitantes externos, subordinando las necesidades locales a las exigencias del mercado turístico nacional e internacional.
Todo ello puede verificarse tanto en los planes de gobierno de ese periodo como en las estadísticas oficiales relacionadas con producción, ingresos y empleo.
El proyecto económico vigente en la capital del estado tampoco se diferencia de fondo de aquellas políticas estatales. Se busca profundizar la subordinación del patrimonio cultural y natural de Morelia a las exigencias del turismo, atraer inversiones para el desarrollo industrial e impulsar la llamada economía del conocimiento para captar empleo y servicios provenientes de otras regiones.
Nuevamente, la prioridad económica se encuentra orientada hacia la vinculación externa del municipio, mientras que para la población local se ofrece una limitada estrategia relacionada con la economía solidaria, bajo la expectativa de que las inversiones externas y una incipiente economía social puedan resolver los problemas de empleo digno.
En Uruapan, el proyecto económico del gobierno actual se dirige principalmente al pequeño sector agropecuario, al autoempleo, a la mejora de la eficiencia administrativa municipal y al impulso turístico. Asimismo, se promueve la capacitación de micro, pequeñas y medianas empresas en áreas como gestión de calidad, ventas y formalización. No obstante, el proyecto carece de una estrategia clara respecto al principal actor económico del municipio: la agroindustria aguacatera.
En síntesis, se trata de un proyecto de carácter predominantemente asistencial, sustentado en principios liberales de mínima intervención pública, sin modificar de fondo la alta concentración del ingreso generada por una agroindustria poco articulada con las necesidades territoriales y sociales de la región.
Por otro lado, en el número 22 de Tribuna Ciudadana se hizo referencia al Plan Indicativo para el Desarrollo de Michoacán (PIDEMICH), un ejercicio de planeación de largo plazo sustentado en los principios históricos de la Cuarta Transformación y respaldado por Fabiola Alanís, del cual también deriva parte de su agenda legislativa actual.
A diferencia de los proyectos anteriormente descritos, la propuesta económica impulsada por la hoy coordinadora de la bancada morenista en el Congreso de Michoacán parte del reconocimiento de las bases productivas de la entidad y de la diversidad de actores sociales y económicos que conforman la compleja realidad michoacana.
Por ello, este proyecto reconoce la importancia tanto del sector público como del privado, pero también del sector social, integrado por ejidos, comunidades indígenas, cooperativas y otras formas de organización económica comunitaria.
Bajo esos principios, la propuesta económica se orienta hacia el fortalecimiento del mercado interno y de la integración productiva regional, priorizando la atención de las necesidades de la población michoacana. En consecuencia, se reconocen las diferencias regionales y municipales, así como las distintas vocaciones productivas de cada territorio.
Estas capacidades no solo deben impulsarse mediante los Polos de Desarrollo para el Bienestar promovidos por el gobierno federal, sino también a través de Nodos de Desarrollo para el Bienestar construidos con base en las vocaciones regionales y en la participación de los actores productivos de cada zona.
La prioridad es el territorio: las relaciones económicas externas deben contribuir a fortalecerlo y no a degradarlo.
En este proyecto, el campo y la agroindustria son concebidos como palancas de desarrollo orientadas a recuperar una producción social, sustentable y sostenible, donde quienes producen obtengan ingresos suficientes y quienes consumen tengan acceso a alimentos sanos y a precios justos.
Asimismo, el desarrollo industrial se plantea como una oportunidad siempre vinculada a iniciativas locales y respaldada por el amplio potencial educativo y profesional existente en la entidad.
El comercio, los servicios y el turismo son considerados fuentes importantes de riqueza; sin embargo, su desarrollo debe tener un carácter comunitario y local, evitando el desgaste o la cosificación del patrimonio cultural y natural de las y los michoacanos.
Finalmente, este proyecto reconoce que el trabajo digno es indispensable para redistribuir la riqueza y garantizar otros derechos sociales. Por ello, plantea la igualdad salarial entre mujeres y hombres, el respeto a los derechos laborales y el fortalecimiento del empleo formal.
Al mismo tiempo, reconoce el potencial del sector social para dignificar el trabajo mediante el fortalecimiento del cooperativismo, los ejidos y las organizaciones comunitarias, sin perder de vista la aportación económica y social de las y los migrantes michoacanos.
Asimismo, coloca en el centro el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, promoviendo su reducción y redistribución entre los sectores público, privado y social mediante la construcción de un sistema estatal de cuidados.
En suma, este proyecto económico se sintetiza en cinco grandes estrategias: distribución del ingreso, trabajo digno, regiones para el bienestar, soberanía alimentaria y atención a la comunidad migrante.
En síntesis, se busca contribuir a la consolidación de la Cuarta Transformación de la vida pública del país con bases profundamente michoacanas.