Reynalda Y. Zapien Valencia
Comunicóloga y analista en temas de migración y género
Las comunidades migrantes y la diáspora mexicana en EE. UU. constituyen una de las poblaciones en el exterior más grandes del mundo. Están conformadas por más de 12 millones de personas nacidas en México y más de 40 millones de mexicanas, mexicanos y descendientes que radican principalmente en Estados Unidos, Canadá y España.
Estados Unidos concentra más del 97 % de la población de origen mexicano residente en el extranjero. Ciudades como Los Ángeles, California, cuentan con una de las mayores poblaciones mexicanas del mundo, solo superada por la Ciudad de México. Además, históricamente, las comunidades de segunda y tercera generación han mantenido fuertes vínculos culturales, económicos y lingüísticos con el país de origen.
Actualmente, muchas comunidades mexicanas en EE. UU. perciben el injerencismo y las políticas impulsadas por Donald Trump como una amenaza directa a los derechos humanos y laborales. En particular, respecto a los temas de género, amplios sectores migrantes consideran que dichas políticas representan una regresión conservadora que afecta profundamente a las mujeres y a las comunidades de la diversidad sexual.
La percepción de estas políticas y de sus impactos puede dividirse en varios aspectos clave:
- Retrocesos en materia de género
Las directrices impulsadas por sectores conservadores de la política estadounidense son vistas por numerosos migrantes como una agenda de retroceso en derechos reproductivos, protección contra la violencia de género y reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual.
En contraste, en México se han registrado avances constitucionales y legales en varias de estas materias, lo que lleva a algunos migrantes a percibir al país como un espacio relativamente más favorable frente a los discursos polarizantes promovidos durante la administración Trump.
- Violencia y deshumanización
El discurso intervencionista sobre la agenda interna mexicana y la retórica antiinmigrante alimentan prácticas de discriminación y racismo dentro de sectores de la sociedad estadounidense.
Diversas familias migrantes consideran que estas posturas deshumanizan a las y los connacionales, además de fomentar un clima social de hostilidad, exclusión y estigmatización hacia la comunidad mexicana y latina.
- Vulnerabilidad extrema de las mujeres migrantes
Las políticas de endurecimiento fronterizo han obligado a muchas mujeres migrantes a utilizar rutas clandestinas y más peligrosas, incrementando su vulnerabilidad frente a redes de trata, violencia sexual y explotación.
Ante esta situación, distintas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han señalado que dichas medidas dificultan el acceso al asilo, a la protección internacional y a mecanismos básicos de seguridad para las mujeres migrantes.
- Resistencia y organización comunitaria
Frente a las presiones políticas, las amenazas arancelarias y las políticas de criminalización migratoria, la comunidad mexicana organizada en EE. UU., junto con activistas y organizaciones civiles, ha fortalecido sus redes de apoyo y movilización social.
El objetivo ha sido frenar las deportaciones masivas, denunciar la separación de familias y defender los derechos humanos y laborales de las personas migrantes.
Por otro lado, numerosos sectores migrantes consideran que el injerencismo de Trump hacia México y la constante intervención de Washington en asuntos internos del país se expresan mediante mecanismos de presión política, económica y diplomática.
Entre ellos destacan el uso recurrente de amenazas arancelarias como herramienta de presión para obligar a México a contener los flujos migratorios, así como las exigencias relacionadas con la estrategia de seguridad mexicana, incluyendo amenazas de intervención militar y propuestas para catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Asimismo, las investigaciones y acusaciones judiciales impulsadas desde Estados Unidos contra funcionarios y actores políticos mexicanos han generado amplios debates sobre soberanía nacional, cooperación bilateral y límites de la intervención extranjera.
Como conclusión, diversos colectivos migrantes consideran que las políticas impulsadas por Donald Trump en materia de género y diversidad han significado un retroceso en el reconocimiento y protección de derechos.
Durante su administración se promovieron medidas orientadas a restringir derechos de las personas transgénero, limitar programas de diversidad y reducir apoyos institucionales vinculados a políticas de inclusión y salud reproductiva.
Asimismo, se impulsaron decisiones orientadas a reconocer únicamente dos sexos biológicos como categoría legal, restringir la participación de personas trans en ciertos espacios institucionales y reducir financiamiento para tratamientos de afirmación de género.
En paralelo, distintas organizaciones sociales señalaron retrocesos en políticas destinadas a combatir la discriminación laboral, la brecha salarial, el acoso sexual y la protección de los derechos sexuales y reproductivos.
Frente a este escenario, amplios sectores sociales —particularmente movimientos de mujeres y organizaciones civiles— han fortalecido sus procesos de movilización y participación política.
Diversos analistas consideran que esta movilización podría traducirse en una mayor participación femenina en las elecciones intermedias y en una presencia más amplia de mujeres dentro de las instituciones políticas estadounidenses, en una sociedad que continúa profundamente polarizada en torno a los debates sobre igualdad de género y derechos civiles.