La inmigración es un fenómeno que afecta de forma significativa la economía de Estados Unidos. Analizar sus efectos permite comprender mejor el mercado laboral, el crecimiento económico y las relaciones sociales. El flujo migratorio hacia Estados Unidos ha experimentado profundas transformaciones desde el siglo XIX hasta la actualidad.
Los planes de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados impulsados por el Gobierno de Donald Trump podrían tener grandes impactos en la economía estadounidense, tomando en cuenta el aporte de esta población en sus comunidades, en los ingresos del país y en sectores fundamentales del mercado laboral.
El PEW Research Center define a los indocumentados como inmigrantes que viven en EE.UU. y entraron sin autorización o permanecieron después de vencer su visa. También incluye a personas con permisos temporales como DACA, TPS, solicitantes de asilo y otros programas de protección.
Según el Departamento de Seguridad Nacional y estimaciones privadas, en EE.UU. viven alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados, cifra cercana al máximo histórico registrado en 2007. PEW estima que representan el 4.8% de la fuerza laboral, es decir, unos 8.3 millones de trabajadores.
La directora de investigaciones del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), Nan Wu, advierte que las deportaciones aceleradas podrían generar un fuerte shock en industrias que dependen de esta mano de obra, especialmente la agricultura y la construcción.
Los indocumentados se concentran en tres grandes grupos: beneficiarios de DACA con empleos de mayor calificación; trabajadores agrícolas y de la construcción, esenciales para la producción de alimentos y vivienda; y empleados de servicios como restaurantes, hoteles y limpieza, considerados los más vulnerables.
Una encuesta del Departamento de Trabajo mostró que entre 2020 y 2022 el 42% de los trabajadores agrícolas no tenía permiso laboral. El economista Alejandro Gutiérrez Li, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, señala que la agricultura, la construcción, la hotelería y los restaurantes dependen ampliamente de trabajadores sin papeles y que ya existen dificultades para encontrar y retener mano de obra.
Además de trabajar, los indocumentados son consumidores y contribuyentes. El Instituto de Política Fiscal estima que pagaron 96,700 millones de dólares en impuestos en 2022, mientras que el Consejo de Inmigración calcula cerca de 76,000 millones.
El AIC advierte que perder esos ingresos afectaría a escuelas, servicios públicos e infraestructura local. También destaca que los hogares de trabajadores indocumentados aportaron más de 22,000 millones de dólares al sistema de seguridad social y 5,700 millones a Medicare, pese a que muchos no pueden acceder plenamente a esos beneficios.
En cuanto al PIB, estudios del AIC y de la Universidad de Nueva Hampshire estiman que una campaña de deportaciones masivas podría reducir la economía estadounidense entre 2.6% y 6.8%, dependiendo del alcance y del periodo considerado. Wu también resalta el aporte empresarial de los inmigrantes y estima que existe cerca de un millón de emprendedores indocumentados. Un estudio del Centro para el Progreso Estadounidense calcula que los beneficiarios de DACA generaron alrededor de 27,900 millones de dólares en salarios, como empleados o empleadores. Su expulsión implicaría la pérdida de negocios, empleos y servicios comunitarios.
Una crítica frecuente sostiene que los indocumentados deprimen los salarios de los estadounidenses y aumentan la presión sobre los servicios sociales. Sin embargo, investigaciones de la Universidad de Nueva Hampshire concluyen que las campañas de deportación anteriores no elevaron salarios ni empleo; por el contrario, entre 2008 y 2015 se registró una caída de 0.6% en el pago por hora de trabajadores nacidos en EE.UU.
La mayoría de los indocumentados vive en California, Texas y Florida, aunque otros estados con fuerte actividad agrícola e industrial también podrían verse afectados por deportaciones masivas.
El impacto sería sistémico: menos trabajadores implicarían menor producción agrícola, menos suministros y precios más altos de los alimentos. Chuck Conner, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas Agrícolas, sostiene que muchos de esos empleos son difíciles de reemplazar porque son físicamente demandantes y poco atractivos para trabajadores locales debido a los bajos salarios y riesgos asociados.
Existen además aportes menos cuantificables, como el trabajo de cuidado de niños y adultos mayores. En una sociedad que envejece rápidamente, estos trabajadores contribuyen a sostener un sistema previsional cada vez más presionado por la jubilación de los baby boomers.
En conclusión, los migrantes son una parte esencial de la economía estadounidense. Industrias como la agricultura, la construcción, los servicios, la salud y la alimentación dependen de su trabajo, por lo que una reducción abrupta de esta fuerza laboral podría generar un efecto dominó sobre la producción, el consumo y el crecimiento económico. A lo largo de la historia de Estados Unidos, la inmigración ha sido un motor de transformación social y económica, y en las últimas décadas también una respuesta a las necesidades del mercado laboral y al envejecimiento poblacional.