La soberanía energética se define como la capacidad de una nación para controlar, producir y decidir sobre sus propias fuentes de energía. Su meta principal es eliminar la dependencia exterior de combustibles e insumos estratégicos. En el contexto mexicano, este principio se ha convertido en el motor de desarrollo del país. Su propósito final es blindar la seguridad nacional y garantizar tarifas accesibles para toda la población.
Bajo este lineamiento, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha puesto en marcha un ambicioso plan de electrificación nacional. El eje central de esta política es el robustecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La estrategia busca que el Estado mantenga el 54% de la generación eléctrica nacional, abriendo el 46% restante a la inversión privada regulada. Este esquema mixto pretende asegurar un suministro continuo frente al crecimiento de la demanda.
La pieza angular de este proceso es el histórico Plan de Crecimiento de Energías Renovables. Dicho programa contempla incorporar 32,000 megawatts (MW) nuevos de capacidad eléctrica hacia el año 2030. Lo destacable de la propuesta es que el 70% de esta nueva energía provendrá de fuentes limpias. Esto incluye un fuerte despliegue de infraestructura fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica. Con una inversión proyectada de 739,000 millones de pesos, la administración ya impulsa megaproyectos como la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado en Sonora, perfilada para ser la más grande de América.
Llevar electricidad a cada rincón del territorio es un acto de justicia social. Al expandir las líneas de transmisión y apostar por tecnologías de almacenamiento en baterías, el plan federal busca abatir el rezago histórico en comunidades aisladas. La transición energética de México no es solo un compromiso ecológico, sino la vía soberana para consolidar un crecimiento equitativo que mueva al país con energía propia.